LA CENTRALISTA OPINIÓN PÚBLICA
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
¿Por qué en ocasiones existen noticias y acontecimientos que logran repercutir en todo el Perú, mientras que otras no gozan de la misma cobertura?, porque hay medios de comunicación que hacen “eco” de dichas noticias y acontecimientos (sobre todo si se producen en Lima), y en la mayoría de los casos esos medios de comunicación tienen alcance nacional además de encontrarse ubicados en la Capital de la República, ¿verdad?.
Centrándonos en el lado negativo que genera la excesiva amplitud de algunos sucesos, podríamos inferir por ejemplo que, tratándose de aspectos mineros y ambientales, la “suerte” de Lima es que no cuenta con grandes inversiones mineras como en el caso de Tacna, Moquegua, Cajamarca, Ancash, Arequipa, etc., puesto que el problema de la contaminación ambiental por las consecuencias de esas operaciones extractivas, no es tan palpable como en el caso de los departamentos donde se ubican importantes unidades mineras siendo por lo tanto en donde se requiere mayor movilización de la opinión pública.
Lo cual equivale a decir también que la “desdicha” de los departamentos mineros es que no son la Capital de la República como para darles la debida importancia y lograr la atención de las máximas autoridades nacionales con el objeto que atiendan y resuelvan efectivamente los conflictos sociales suscitados por las operaciones mineras (más allá de las capacidades “bomberiles” del actual Presidente del Consejo de Ministros), sin que aquello signifique que no estemos considerando los ingentes recursos provenientes de las rentas del canon minero que beneficia a las localidades productoras en la misma medida que favorece al gobierno central (recordemos que el canon minero es la redistribución del impuesto a la renta que tributan las empresas mineras y que percibe el Estado peruano, el cual es destinado en proporciones iguales entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales).
En el subsistente centralismo se genera una influyente opinión pública, capaz de colocar la agenda pública a nivel nacional, para muestras, algunos botones: el atentado terrorista en la calle Tarata de Miraflores perpetrado por Sendero Luminoso en julio de 1992, determinó la mayor preocupación –digamos generalizada– de ciudadanos y ciudadanas que habitaban en Lima, cuando en el interior de nuestro país la sangre había llegado al río ya en la década del 80, incluso desde mucho antes, allí los medios de comunicación pudieron posicionar el tema de la violencia política interna de manera más efectiva desde antes del lamentable atentado en dicho distrito limeño.
Y el más reciente acontecimiento que generó una gran movilización –importante por cierto– fue el del terremoto de agosto último que se sintió de manera considerable en nuestra Capital de la República, lo cual determinó una gran cobertura y cadena de solidaridad a nivel nacional hacia nuestros conciudadanos que fueron azotados por este embate de la naturaleza. Sin embargo 6 años antes (en junio del 2001), la tierra en el sur de nuestro país también fue remecida, dejando también como saldo la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales, la información mediática en esa ocasión en nuestro entender fue bastante limitada: la furia de la naturaleza no se había sentido en toda su magnitud en la ciudad de Lima.
No estamos criticando la importancia de generar efectivos medios de opinión pública que movilicen a nuestras autoridades y otros actores en la solución de una determinada problemática, sino más bien estamos haciendo una observación a la disparidad con que se suelen cubrir algunos acontecimientos por el simple hecho de generarse en el interior del país y no hacer sentir su impacto en la misma ciudad capital.
Acaso sea necesario insistir en la necesidad de contar con una televisión peruana (en realidad todo el conjunto de medios de comunicación) verdaderamente educativa y formadora de ciudadanos, que más allá del rating pondere adecuadamente la labor social que deben cumplir las empresas periodísticas.
(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com
La centralista opinión pública
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Vigilancia ciudadana en curso
VIGILANCIA CIUDADANA EN CURSO
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
La presentación del Reporte Regional 6 del Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas en Arequipa (Vigila Perú) ha generado algunas reacciones en la opinión pública que bien valen la pena esclarecer.
Vigila Perú sostiene que el Gobierno Regional de Arequipa en Inversiones y con recursos del canon, sobrecanon y regalías, en la fase de ejecución “comprometido” (fase del ciclo del gasto donde se afecta total o parcialmente el techo presupuestal autorizado por el “Calendario de Compromisos” del mes) tiene un avance que llega al 8% de sus recursos en el primer semestre del año 2007 (con información del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio portal electrónico del Gobierno Regional). De otro lado, funcionarios del Gobierno Regional han manifestado en medios de comunicación que con la misma fuente de financiamiento (canon, sobrecanon y regalías) para Inversiones han ejecutado el 47% hacia la primera quincena de septiembre. Es decir, el Gobierno Regional no se ha pronunciado por el gasto de enero a junio que Vigila Perú ha dado a conocer, de ahí las lamentables confusiones generadas.
Lo que es más, hacia el 30 de septiembre del año en curso (véase http://ofi.mef.gob.pe/gcentral/), el principal rubro de gasto que ha ejecutado el Gobierno Regional de Arequipa con recursos del canon, sobrecanon y regalías es “Otros gastos de capital” que se destina íntegramente como transferencia a la Universidad Nacional de San Agustín (S/. 8.8 millones de nuevos soles), en tanto que las inversiones propiamente han logrado una ejecución de S/. 4 millones de nuevos soles.
De otro lado, es preciso indicar que, aunque Sociedad Minera Cerro Verde es la principal empresa minera de Arequipa (por el volumen de extracción de cobre y por ubicar a nuestro departamento en el segundo productor de este metal a nivel nacional y a nuestro país en el tercero a nivel mundial), sin embargo, de acuerdo a la información disponible en la página web de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), si comparamos la utilidad de la empresa y el pago de impuestos encontramos que, mientras la empresa minera continua obteniendo ganancias (la utilidad es creciente) el Impuesto a la Renta en los dos últimos años (2005 y 2006) es positivo, es decir, tiene saldo a su favor, con lo cual podemos afirmar que no paga Impuesto a la Renta , por lo tanto, tampoco retornan recursos a los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del departamento de Arequipa por concepto de canon minero (50% del Impuesto a la Renta).
El pago de dicho impuesto no se ha hecho efectivo el año 2005 y 2006 debido entre otros aspectos al “beneficio de reinversión de utilidades” que le concedió el Estado peruano y que originó la protesta de algunas autoridades y organizaciones sociales durante el año 2006, y que hasta la fecha es un tema latente.
Entre tanto, consideramos oportuno indicar que el sentido de la vigilancia ciudadana es llamar la atención sobre aquellos aspectos que debieran mejorarse (por ejemplo la capacidad de gasto de los gobiernos regionales y locales), pero también hacer eco de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en entidades públicas (ojalá sostenidamente) como el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que por vía electrónica y en los plazos que estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha remitido la información completa que Vigila Perú solicitó en su debida oportunidad.
(*) Coordinador en Arequipa del Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas, ejecutado por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) y el Grupo Propuesta Ciudadana.
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
La presentación del Reporte Regional 6 del Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas en Arequipa (Vigila Perú) ha generado algunas reacciones en la opinión pública que bien valen la pena esclarecer.
Vigila Perú sostiene que el Gobierno Regional de Arequipa en Inversiones y con recursos del canon, sobrecanon y regalías, en la fase de ejecución “comprometido” (fase del ciclo del gasto donde se afecta total o parcialmente el techo presupuestal autorizado por el “Calendario de Compromisos” del mes) tiene un avance que llega al 8% de sus recursos en el primer semestre del año 2007 (con información del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio portal electrónico del Gobierno Regional). De otro lado, funcionarios del Gobierno Regional han manifestado en medios de comunicación que con la misma fuente de financiamiento (canon, sobrecanon y regalías) para Inversiones han ejecutado el 47% hacia la primera quincena de septiembre. Es decir, el Gobierno Regional no se ha pronunciado por el gasto de enero a junio que Vigila Perú ha dado a conocer, de ahí las lamentables confusiones generadas.
Lo que es más, hacia el 30 de septiembre del año en curso (véase http://ofi.mef.gob.pe/gcentral/), el principal rubro de gasto que ha ejecutado el Gobierno Regional de Arequipa con recursos del canon, sobrecanon y regalías es “Otros gastos de capital” que se destina íntegramente como transferencia a la Universidad Nacional de San Agustín (S/. 8.8 millones de nuevos soles), en tanto que las inversiones propiamente han logrado una ejecución de S/. 4 millones de nuevos soles.
De otro lado, es preciso indicar que, aunque Sociedad Minera Cerro Verde es la principal empresa minera de Arequipa (por el volumen de extracción de cobre y por ubicar a nuestro departamento en el segundo productor de este metal a nivel nacional y a nuestro país en el tercero a nivel mundial), sin embargo, de acuerdo a la información disponible en la página web de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), si comparamos la utilidad de la empresa y el pago de impuestos encontramos que, mientras la empresa minera continua obteniendo ganancias (la utilidad es creciente) el Impuesto a la Renta en los dos últimos años (2005 y 2006) es positivo, es decir, tiene saldo a su favor, con lo cual podemos afirmar que no paga Impuesto a la Renta , por lo tanto, tampoco retornan recursos a los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del departamento de Arequipa por concepto de canon minero (50% del Impuesto a la Renta).
El pago de dicho impuesto no se ha hecho efectivo el año 2005 y 2006 debido entre otros aspectos al “beneficio de reinversión de utilidades” que le concedió el Estado peruano y que originó la protesta de algunas autoridades y organizaciones sociales durante el año 2006, y que hasta la fecha es un tema latente.Entre tanto, consideramos oportuno indicar que el sentido de la vigilancia ciudadana es llamar la atención sobre aquellos aspectos que debieran mejorarse (por ejemplo la capacidad de gasto de los gobiernos regionales y locales), pero también hacer eco de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en entidades públicas (ojalá sostenidamente) como el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que por vía electrónica y en los plazos que estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha remitido la información completa que Vigila Perú solicitó en su debida oportunidad.
(*) Coordinador en Arequipa del Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas, ejecutado por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) y el Grupo Propuesta Ciudadana.
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Transparencia minera
TRANSPARENCIA MINERA
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una iniciativa apoyada por una coalición de gobiernos, organismos internacionales, compañías, organizaciones de la sociedad civil, inversionistas y asociaciones de industriales. Según Eleodoro Mayorga, economista del Banco Mundial, aquella busca “asegurar que los ingresos de las industrias extractivas sean contabilizados adecuadamente y contribuyan al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.
Esta iniciativa, tiene criterios tales como la publicación periódica de los pagos hechos por las empresas y de los ingresos recibidos por los gobiernos, que los pagos e ingresos deben estar sujetos a una auditoría creíble e independiente, los pagos e ingresos deben ser cotejados por un administrador independiente y confiable, extender todos estos conceptos a todas las empresas (incluidas las estatales), comprometer activamente a las sociedad civil y finalmente, la existencia de un plan de trabajo público, financieramente sustentable.
Los orígenes de la EITI se remontan hacia el año 2002, fecha en la que el Primer Ministro Británico Tony Blair la propone en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible llevado a cabo en Johannesburgo, siendo la implementación de esta Iniciativa específica por país y por sector, es decir, cada país decide sobre las medidas legales e institucionales que considere más apropiadas para aplicar los criterios y principios de la EITI.
Formalmente la participación de nuestro país comenzó con la comunicación cursada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) al Banco Mundial en septiembre del 2004, solicitando la asistencia para iniciar el proceso de implementación de la EITI en el Perú. La delegación que visitó nuestro país, integrada por el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el Banco Mundial, hizo presentaciones a un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresas petroleras y mineras, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, se comprometió a implementar la EITI mediante un comunicado publicado en el diario El Comercio el 15 de mayo del 2005.
Aunque el 23 de marzo de 2007 en Lima, en el Ministerio de Energía y Minas, se realizó la Reunión Especial de la Comisión de Trabajo creada por Decreto Supremo N° 027-2006-EM, para recibir la visita del Dr. Peter Eigen, Presidente del Comité Directivo de la EITI, a dos años de haber decido los términos de la participación en la EITI en nuestro país, los resultados y avances concretos de esta iniciativa son desconocidos en la opinión pública, por ello es que con ocasión de la XXVIII Convención Minera, sería importante que los empresarios mineros reunidos en nuestra ciudad de Arequipa expresen la disposición individual de cada empresa minera en torno a la EITI y es que debemos tener en cuenta que la transparencia contribuye a prevenir la corrupción así como consolidar la democracia.
(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una iniciativa apoyada por una coalición de gobiernos, organismos internacionales, compañías, organizaciones de la sociedad civil, inversionistas y asociaciones de industriales. Según Eleodoro Mayorga, economista del Banco Mundial, aquella busca “asegurar que los ingresos de las industrias extractivas sean contabilizados adecuadamente y contribuyan al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.
Esta iniciativa, tiene criterios tales como la publicación periódica de los pagos hechos por las empresas y de los ingresos recibidos por los gobiernos, que los pagos e ingresos deben estar sujetos a una auditoría creíble e independiente, los pagos e ingresos deben ser cotejados por un administrador independiente y confiable, extender todos estos conceptos a todas las empresas (incluidas las estatales), comprometer activamente a las sociedad civil y finalmente, la existencia de un plan de trabajo público, financieramente sustentable.
Los orígenes de la EITI se remontan hacia el año 2002, fecha en la que el Primer Ministro Británico Tony Blair la propone en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible llevado a cabo en Johannesburgo, siendo la implementación de esta Iniciativa específica por país y por sector, es decir, cada país decide sobre las medidas legales e institucionales que considere más apropiadas para aplicar los criterios y principios de la EITI.
Formalmente la participación de nuestro país comenzó con la comunicación cursada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) al Banco Mundial en septiembre del 2004, solicitando la asistencia para iniciar el proceso de implementación de la EITI en el Perú. La delegación que visitó nuestro país, integrada por el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el Banco Mundial, hizo presentaciones a un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresas petroleras y mineras, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, se comprometió a implementar la EITI mediante un comunicado publicado en el diario El Comercio el 15 de mayo del 2005.
Aunque el 23 de marzo de 2007 en Lima, en el Ministerio de Energía y Minas, se realizó la Reunión Especial de la Comisión de Trabajo creada por Decreto Supremo N° 027-2006-EM, para recibir la visita del Dr. Peter Eigen, Presidente del Comité Directivo de la EITI, a dos años de haber decido los términos de la participación en la EITI en nuestro país, los resultados y avances concretos de esta iniciativa son desconocidos en la opinión pública, por ello es que con ocasión de la XXVIII Convención Minera, sería importante que los empresarios mineros reunidos en nuestra ciudad de Arequipa expresen la disposición individual de cada empresa minera en torno a la EITI y es que debemos tener en cuenta que la transparencia contribuye a prevenir la corrupción así como consolidar la democracia.
(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Arrogancias y fantasmas del gobierno
ARROGANCIAS Y FANTASMAS DEL GOBIERNO
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
“No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere escuchar”, ésta es la expresión que dibuja de cuerpo entero a quien por descarte electoral está ocupando la primera magistratura del Perú.
La fijación anticomunista del Presidente Alan García es el pretexto para eludir la solución a los problemas que aquejan a nuestra patria, y es que a quienes -como en el caso de Palacio de Gobierno- no tienen más argumentos, solamente les queda apelar al “argumentum ad hominem”, falacia lógica que implica responder a una afirmación refiriéndose a la persona que lo formula, en lugar del argumento por sí mismo.
Que hay dirigentes sociales y políticos de marcada tendencia izquierdista que están participando en las últimas movilizaciones en rechazo a las acciones de gobierno central es cierto, pero manifestar que quienes cuestionamos la dirección económica del gobierno somos “comunistas o de alguna ideología sepultada por la historia” es francamente delirante y jalado de los cabellos.
Sorprende que el APRA con toda la trayectoria política que se precia tener y con un gobernante como Alan Damián García Pérez (quien según algunos sectores conservadores ha madurado en relación a la experiencia de su primer gobierno) esté cometiendo los mismos o peores errores.
La combinación de los “fantasmas” que ve el gobierno junto con la arrogancia del Presidente de la República son verdaderamente una fórmula perfecta que aviva las protestas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. En el caso particular de Arequipa debemos hacerle recordar al señor García Pérez que el denominado “arequipazo” no estalló únicamente porque la población se opusiese a la privatización de la empresa EGASA y EGESUR, sino porque hubo declaraciones infelices de algunos ministros y del propio Dr. Alejandro Toledo, mandatario en aquel entonces.
Las ofensivas y mordaces expresiones del Presidente Alan García son una de las principales causas del incremento de la violencia que se ha extendido durante las últimas semanas, basta escuchar en los medios de comunicación radial las reacciones de protesta de ciudadanas y ciudadanos para concluir que la violencia verbal presidencial caldea más los ánimos y no contribuye a generar el “clima de paz” reclamado por el propio gobierno central.
Alguien en el Partido Aprista Peruano, ¡alguien por favor!, hágale recordar al Presidente de la República que su llegada al gobierno no correspondió a una apuesta política de la mayoría de la población, sino que obedeció al pánico desatado por otro candidato presidencial y que la consigna de gran parte del electorado fue la votación por el mal menor; algún “compañero” también dígale también, que mientras no cumpla sus promesas electorales, las protestas ciudadanas no cesarán, ¿alguien en el APRA puede fungir de sincero consejero presidencial?.
(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
“No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere escuchar”, ésta es la expresión que dibuja de cuerpo entero a quien por descarte electoral está ocupando la primera magistratura del Perú.
La fijación anticomunista del Presidente Alan García es el pretexto para eludir la solución a los problemas que aquejan a nuestra patria, y es que a quienes -como en el caso de Palacio de Gobierno- no tienen más argumentos, solamente les queda apelar al “argumentum ad hominem”, falacia lógica que implica responder a una afirmación refiriéndose a la persona que lo formula, en lugar del argumento por sí mismo.
Que hay dirigentes sociales y políticos de marcada tendencia izquierdista que están participando en las últimas movilizaciones en rechazo a las acciones de gobierno central es cierto, pero manifestar que quienes cuestionamos la dirección económica del gobierno somos “comunistas o de alguna ideología sepultada por la historia” es francamente delirante y jalado de los cabellos.
Sorprende que el APRA con toda la trayectoria política que se precia tener y con un gobernante como Alan Damián García Pérez (quien según algunos sectores conservadores ha madurado en relación a la experiencia de su primer gobierno) esté cometiendo los mismos o peores errores.
La combinación de los “fantasmas” que ve el gobierno junto con la arrogancia del Presidente de la República son verdaderamente una fórmula perfecta que aviva las protestas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. En el caso particular de Arequipa debemos hacerle recordar al señor García Pérez que el denominado “arequipazo” no estalló únicamente porque la población se opusiese a la privatización de la empresa EGASA y EGESUR, sino porque hubo declaraciones infelices de algunos ministros y del propio Dr. Alejandro Toledo, mandatario en aquel entonces.
Las ofensivas y mordaces expresiones del Presidente Alan García son una de las principales causas del incremento de la violencia que se ha extendido durante las últimas semanas, basta escuchar en los medios de comunicación radial las reacciones de protesta de ciudadanas y ciudadanos para concluir que la violencia verbal presidencial caldea más los ánimos y no contribuye a generar el “clima de paz” reclamado por el propio gobierno central.
Alguien en el Partido Aprista Peruano, ¡alguien por favor!, hágale recordar al Presidente de la República que su llegada al gobierno no correspondió a una apuesta política de la mayoría de la población, sino que obedeció al pánico desatado por otro candidato presidencial y que la consigna de gran parte del electorado fue la votación por el mal menor; algún “compañero” también dígale también, que mientras no cumpla sus promesas electorales, las protestas ciudadanas no cesarán, ¿alguien en el APRA puede fungir de sincero consejero presidencial?.
(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
La indolencia ante las demandas sociales
LA INDOLENCIA ANTE LAS DEMANDAS SOCIALES
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
¿Cuando y de qué manera desterraremos de nuestro país el ejercicio irresponsable de hacer política?, porque históricamente la regla para llegar al gobierno (sea nacional o local) ha sido la de prometer todo en campaña y cumplir poco de lo ofrecido una vez que se está en el poder formal.
El gobierno del Dr. Alan Damián García Pérez no es la excepción a dicha regla, por eso, una de las principales causas por las que brotan conflictos sociales en diversos lugares de nuestro territorio nacional es la demagogia convertida en práctica por parte del actual gobierno central (promesa de campaña electoral para establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, retorno a la Constitución de 1979, revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, etc.).
Cuando se agotan las vías del diálogo, cuando se acrecienta la impotencia de la mayoría de la población no sólo para ser escuchada por sus gobernantes sino para que se solucionen los problemas que aquejan al país, entonces llega el momento de establecer un “punto de quiebre” para que de una vez por todas quienes aspiran a gobernar sepan que no deben ofertar un vendaval de promesas electorales que “caen bien” en la población pero que no las llevarán a la práctica.
La protesta en las calles en varios lugares de nuestra patria es el escenario al que estamos llegando producto de la sordera del Poder Ejecutivo para atender las demandas ciudadanas. Mientas tanto la máxima autoridad regional de Arequipa hace todos los esfuerzos de acrobacia posibles, para mantener un equilibrio entre el gobierno central y la población arequipeña que no está conforme con su débil postura frente a la actual situación social.
El papel de mediador que ha ofrecido el Gobierno Regional de Arequipa a través de su Presidente, no es estratégico políticamente, y es que se requieren definiciones para afrontar las tensiones que vienen embalsándose, el Dr. Guillén Benavides debería acordarse del rol que desempeñó en junio del 2002.
Si el Ejecutivo quiere evitar lamentos posteriores (recordando que el denominado “arequipazo” de hace 5 años nos ha dejado algunas lecciones) entonces debe atender las demandas sociales, está bien sostener buenas relaciones con el sector empresarial pero no en desmedro de la mayoría de la población peruana que es a quien nuestros gobernantes de turno se deben, por eso insistimos una vez más, aún no es tarde para que el Presidente de la República y el Partido Aprista Peruano (que ejercen la administración nacional) gobiernen para las mayorías y que por ejemplo establezcan para las empresas mineras un impuesto a las sobreganancias.
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
¿Cuando y de qué manera desterraremos de nuestro país el ejercicio irresponsable de hacer política?, porque históricamente la regla para llegar al gobierno (sea nacional o local) ha sido la de prometer todo en campaña y cumplir poco de lo ofrecido una vez que se está en el poder formal.
El gobierno del Dr. Alan Damián García Pérez no es la excepción a dicha regla, por eso, una de las principales causas por las que brotan conflictos sociales en diversos lugares de nuestro territorio nacional es la demagogia convertida en práctica por parte del actual gobierno central (promesa de campaña electoral para establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, retorno a la Constitución de 1979, revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, etc.).
Cuando se agotan las vías del diálogo, cuando se acrecienta la impotencia de la mayoría de la población no sólo para ser escuchada por sus gobernantes sino para que se solucionen los problemas que aquejan al país, entonces llega el momento de establecer un “punto de quiebre” para que de una vez por todas quienes aspiran a gobernar sepan que no deben ofertar un vendaval de promesas electorales que “caen bien” en la población pero que no las llevarán a la práctica.
La protesta en las calles en varios lugares de nuestra patria es el escenario al que estamos llegando producto de la sordera del Poder Ejecutivo para atender las demandas ciudadanas. Mientas tanto la máxima autoridad regional de Arequipa hace todos los esfuerzos de acrobacia posibles, para mantener un equilibrio entre el gobierno central y la población arequipeña que no está conforme con su débil postura frente a la actual situación social.
El papel de mediador que ha ofrecido el Gobierno Regional de Arequipa a través de su Presidente, no es estratégico políticamente, y es que se requieren definiciones para afrontar las tensiones que vienen embalsándose, el Dr. Guillén Benavides debería acordarse del rol que desempeñó en junio del 2002.
Si el Ejecutivo quiere evitar lamentos posteriores (recordando que el denominado “arequipazo” de hace 5 años nos ha dejado algunas lecciones) entonces debe atender las demandas sociales, está bien sostener buenas relaciones con el sector empresarial pero no en desmedro de la mayoría de la población peruana que es a quien nuestros gobernantes de turno se deben, por eso insistimos una vez más, aún no es tarde para que el Presidente de la República y el Partido Aprista Peruano (que ejercen la administración nacional) gobiernen para las mayorías y que por ejemplo establezcan para las empresas mineras un impuesto a las sobreganancias.
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
La conjugación de un verbo
LA CONJUGACIÓN DE UN VERBO
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Se trata de un verbo mentado en cuanta ocasión se tiene para desacreditar a algún dirigente u organización social, se lo escucha en las radios, en las llamadas telefónicas de los ciudadanos y ciudadanas, mientras que en la televisión es objeto de análisis al igual que en los periódicos. En las conversaciones cotidianas no está ausente como tampoco en estudios más académicos y otros políticos.
La particularidad de la conjugación del verbo al que nos referimos es que tiene uso tanto en sentido positivo pero mayormente en sentido negativo (como tratando de descalificar al que se atreve a adoptarlo): yo represento, tú no representas, nosotros representamos, ellos no representan, etc. (agréguese todas las formas posibles de conjugar el verbo “representar”).
De este modo se pone en tela de juicio la representación de actores sociales cuando por ejemplo en una asociación de urbanizaciones populares se observan enfrentamientos intestinos entre facciones que quieren asumir la dirigencia, o cuado por ejemplo cierta cámara de comercio e industria realiza un interesado cuestionamiento de algunas federaciones departamentales de trabajadores, desde luego que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.
Pero también se discute la representación de actores políticos como cuando una organización política no logra obtener un porcentaje adecuado de votos en un determinado proceso electoral, o cuando cierto partido político dice representar a los “trabajadores manuales e intelectuales” y sin embargo sus actos de gobierno no se condicen con sus expresiones.
Es cierto que en nuestros países estamos padeciendo no sólo una crisis de representatividad, sino también del conjunto de nuestras democracias, de los liderazgos colectivos que no llegan a concretarse sino que se limitan a la figura de caudillos que poco o nada les interesa construir y/o consolidar verdaderas organizaciones que trasciendan en la historia, pero precisamente por ello es que los ciudadanos y ciudadanas debemos desplegar los mayores esfuerzos posibles para revertir esa situación.
Es imprescindible que desde los diversos espacios en los que nos desenvolvemos apostemos por dirigentes éticos, que respeten las diferencias que puedan existir, también es necesario que construyamos organizaciones políticas que no se limiten a participar electoralmente cada 4 o 5 años que se convocan a procesos electorales.
Todo esto nos conduce a la impostergable tarea de promover protagonismo de líderes, no “figuretismo” de caudillos, lo cual redundará en una conjugación del verbo representar en sentido positivo a manera de asumirnos constructores de un nuevo Perú.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Se trata de un verbo mentado en cuanta ocasión se tiene para desacreditar a algún dirigente u organización social, se lo escucha en las radios, en las llamadas telefónicas de los ciudadanos y ciudadanas, mientras que en la televisión es objeto de análisis al igual que en los periódicos. En las conversaciones cotidianas no está ausente como tampoco en estudios más académicos y otros políticos.
La particularidad de la conjugación del verbo al que nos referimos es que tiene uso tanto en sentido positivo pero mayormente en sentido negativo (como tratando de descalificar al que se atreve a adoptarlo): yo represento, tú no representas, nosotros representamos, ellos no representan, etc. (agréguese todas las formas posibles de conjugar el verbo “representar”).
De este modo se pone en tela de juicio la representación de actores sociales cuando por ejemplo en una asociación de urbanizaciones populares se observan enfrentamientos intestinos entre facciones que quieren asumir la dirigencia, o cuado por ejemplo cierta cámara de comercio e industria realiza un interesado cuestionamiento de algunas federaciones departamentales de trabajadores, desde luego que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.
Pero también se discute la representación de actores políticos como cuando una organización política no logra obtener un porcentaje adecuado de votos en un determinado proceso electoral, o cuando cierto partido político dice representar a los “trabajadores manuales e intelectuales” y sin embargo sus actos de gobierno no se condicen con sus expresiones.
Es cierto que en nuestros países estamos padeciendo no sólo una crisis de representatividad, sino también del conjunto de nuestras democracias, de los liderazgos colectivos que no llegan a concretarse sino que se limitan a la figura de caudillos que poco o nada les interesa construir y/o consolidar verdaderas organizaciones que trasciendan en la historia, pero precisamente por ello es que los ciudadanos y ciudadanas debemos desplegar los mayores esfuerzos posibles para revertir esa situación.
Es imprescindible que desde los diversos espacios en los que nos desenvolvemos apostemos por dirigentes éticos, que respeten las diferencias que puedan existir, también es necesario que construyamos organizaciones políticas que no se limiten a participar electoralmente cada 4 o 5 años que se convocan a procesos electorales.
Todo esto nos conduce a la impostergable tarea de promover protagonismo de líderes, no “figuretismo” de caudillos, lo cual redundará en una conjugación del verbo representar en sentido positivo a manera de asumirnos constructores de un nuevo Perú.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
La lucha por las utilidades de Cerro Verde
LA LUCHA POR LAS UTILIDADES DE CERRO VERDE
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
La intermediación del Premier Jorge del Castillo en la reunión sostenida en nuestra ciudad entre el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa (integrado por el Presidente Regional, alcaldes y organizaciones sociales) con la empresa minera Cerro Verde, ha logrado un acuerdo que comprende el financiamiento de dos proyectos de envergadura para nuestra ciudad: la construcción de la Planta de Agua Potable “La Tomilla II” (a cargo de Cerro Verde) y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas “Pampa La Estrella” (con recursos futuros del canon minero de los municipios, para cuyo efecto la empresa minera adelantará el pago del Impuesto a la Renta en base a cálculos efectuados con el Estado).
Lo preocupante es que los alcaldes han acordado comprometer recursos correspondientes a las transferencias que recibirían las municipalidades por concepto de canon minero, con cargo a dejar de percibir parte de estos recursos hasta por un lapso de dos décadas aproximadamente, ¿y cuál es la garantía a futuro para que las próximas autoridades ediles (en el 2011, 2015, etc.) mantengan el acuerdo suscrito el 16 de mayo del año 2007?. ¿Acaso no hubiera sido mejor para Arequipa que la empresa asuma también la construcción de “Pampa La Estrella” más aun cuando manifiestan no estar dispuestos a desprenderse de sus jugosas sobreganancias?.
Siendo legalmente los concejos municipales los órganos de gobierno normativo y fiscalizador, en tanto que las alcaldías los órganos de gobierno de ejecución, un acuerdo tan importante como el que se ha suscrito debe haber requerido la decisión de los concejos municipales en el caso de los municipios que lo han suscrito en la persona de sus alcaldes; no debemos olvidar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal “aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad”.
Los temas pendientes darán mucho que hablar y hacer en adelante, uno de ellos es el pedido que hace el Comité de Lucha para que la empresa minera Cerro Verde se desprenda del 10% de sus utilidades (en realidad sobreganancias) para destinarlos a proyectos de inversión en Arequipa. Que la concreción de este pedido no es posible por “inconstitucional” (según ha dicho el Premier Del Castillo) es una situación que se desprende de la configuración del sistema jurídico si adoptamos dicho porcentaje como impuesto mas no si lo tomamos como aporte; aún así, el Derecho nace de voluntades políticas, del Poder Constituyente, de legisladores, finalmente de nuestros actuales gobernantes caracterizados no precisamente por concretar en la práctica sus ofrecimientos electorales (léase renegociación de contratos de estabilidad jurídica en el Plan de Gobierno del Partido Aprista).
De otro lado, el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa es un espacio eminentemente político, en vano algunos sectores se rasgan las vestiduras tratando de “satanizarlo” y deslegitimarlo por ser “político”, lo es y en buena hora porque quienes lo conforman (por ejemplo autoridades regionales y locales) son políticos electos por voluntad popular en elecciones políticas.
Que el 10% de las utilidades de la empresa minera Cerro Verde sean destinados para la ejecución de proyectos a cargo del gobierno regional y gobiernos locales de Arequipa es un pedido que trasciende el calificativo de “inconstitucional”, es un asunto político, que requiere una respuesta también política de la empresa, no arribar a un acuerdo sobre este pedido, que consideramos insignificante si lo comparamos con las utilidades que percibe la minera, daría lugar a profundizar más el conflicto social existente.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
La intermediación del Premier Jorge del Castillo en la reunión sostenida en nuestra ciudad entre el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa (integrado por el Presidente Regional, alcaldes y organizaciones sociales) con la empresa minera Cerro Verde, ha logrado un acuerdo que comprende el financiamiento de dos proyectos de envergadura para nuestra ciudad: la construcción de la Planta de Agua Potable “La Tomilla II” (a cargo de Cerro Verde) y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas “Pampa La Estrella” (con recursos futuros del canon minero de los municipios, para cuyo efecto la empresa minera adelantará el pago del Impuesto a la Renta en base a cálculos efectuados con el Estado).
Lo preocupante es que los alcaldes han acordado comprometer recursos correspondientes a las transferencias que recibirían las municipalidades por concepto de canon minero, con cargo a dejar de percibir parte de estos recursos hasta por un lapso de dos décadas aproximadamente, ¿y cuál es la garantía a futuro para que las próximas autoridades ediles (en el 2011, 2015, etc.) mantengan el acuerdo suscrito el 16 de mayo del año 2007?. ¿Acaso no hubiera sido mejor para Arequipa que la empresa asuma también la construcción de “Pampa La Estrella” más aun cuando manifiestan no estar dispuestos a desprenderse de sus jugosas sobreganancias?.
Siendo legalmente los concejos municipales los órganos de gobierno normativo y fiscalizador, en tanto que las alcaldías los órganos de gobierno de ejecución, un acuerdo tan importante como el que se ha suscrito debe haber requerido la decisión de los concejos municipales en el caso de los municipios que lo han suscrito en la persona de sus alcaldes; no debemos olvidar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal “aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad”.
Los temas pendientes darán mucho que hablar y hacer en adelante, uno de ellos es el pedido que hace el Comité de Lucha para que la empresa minera Cerro Verde se desprenda del 10% de sus utilidades (en realidad sobreganancias) para destinarlos a proyectos de inversión en Arequipa. Que la concreción de este pedido no es posible por “inconstitucional” (según ha dicho el Premier Del Castillo) es una situación que se desprende de la configuración del sistema jurídico si adoptamos dicho porcentaje como impuesto mas no si lo tomamos como aporte; aún así, el Derecho nace de voluntades políticas, del Poder Constituyente, de legisladores, finalmente de nuestros actuales gobernantes caracterizados no precisamente por concretar en la práctica sus ofrecimientos electorales (léase renegociación de contratos de estabilidad jurídica en el Plan de Gobierno del Partido Aprista).
De otro lado, el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa es un espacio eminentemente político, en vano algunos sectores se rasgan las vestiduras tratando de “satanizarlo” y deslegitimarlo por ser “político”, lo es y en buena hora porque quienes lo conforman (por ejemplo autoridades regionales y locales) son políticos electos por voluntad popular en elecciones políticas.
Que el 10% de las utilidades de la empresa minera Cerro Verde sean destinados para la ejecución de proyectos a cargo del gobierno regional y gobiernos locales de Arequipa es un pedido que trasciende el calificativo de “inconstitucional”, es un asunto político, que requiere una respuesta también política de la empresa, no arribar a un acuerdo sobre este pedido, que consideramos insignificante si lo comparamos con las utilidades que percibe la minera, daría lugar a profundizar más el conflicto social existente.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Guardando "pan para mayo"
GUARDANDO "PAN PARA MAYO"
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Que los gobiernos regionales y locales tienen problemas para ejecutar sus presupuestos de inversiones, es un dato de la realidad, como lo es también que las instituciones del gobierno central han padecido dificultades similares para gastar sus recursos de inversión. Algunos sectores han pretendido sacar provecho de esta situación sentenciado que los gobiernos regionales “no tienen capacidad de gasto”.
El incremento de los recursos de inversión se ha dado en todos los niveles de gobierno (desde el local hasta el nacional, pasando por el regional) debido en parte a los recursos generados por las industrias extractivas, expresados en el Impuesto a la Renta que tributan al Estado peruano, producto del alza del precio de exportación de los minerales.
Esta sola situación nos hace considerar que el Decreto de Urgencia N° 013-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado jueves 10 de mayo, mediante el cual se autoriza para el presente año fiscal la contratación de docentes en los gobiernos regionales con recursos provenientes del canon y sobrecanon, es un desacierto del Poder Ejecutivo.
Y lo es no porque nos opongamos a ampliar la cobertura del servicio educativo allí donde efectivamente se lo requiere habilitando plazas docentes atendiendo así el déficit del servicio, sino porque el Ejecutivo autoriza su contratación con recursos que corresponden a los gobiernos regionales para destinarlos a inversiones, como si en los departamentos no se requiriesen atender demandas estrictamente relacionadas con proyectos de inversión a cargo de los gobiernos subnacionales.
La bonanza fiscal se presenta en el gobierno central, tanto y más como en los gobiernos regionales y locales, por lo que el decreto de urgencia en cuestión pudo comprometer recursos a cargo de aquel.
De otro lado, “guardar pan para mayo” requiere que los gobiernos subnacionales, comprometidos con la ejecución de proyectos de inversión de impacto regional y local, según corresponda, no apuren la ejecución de los ingentes recursos con los que cuentan solamente para aparecer como “eficientes en el gasto” (sobre todo en los casos como Cajamarca, Ancash, Cusco, Moquegua, Tacna, por mencionar a los que consignan mayores montos de canon), pues muchas veces, esa eficiencia de la ejecución presupuestal no se ve reflejada en la calidad de la inversión.
Con una adecuada planificación concertada, los recursos económicos de los que disponen y dispondrán todos los niveles de gobierno, guardaremos reservas para cuando no tengamos épocas de bonanza como en esta coyuntura producto del boom minero. Por estas y otras consideraciones debemos ser responsables en la utilización de los recursos públicos.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Que los gobiernos regionales y locales tienen problemas para ejecutar sus presupuestos de inversiones, es un dato de la realidad, como lo es también que las instituciones del gobierno central han padecido dificultades similares para gastar sus recursos de inversión. Algunos sectores han pretendido sacar provecho de esta situación sentenciado que los gobiernos regionales “no tienen capacidad de gasto”.
El incremento de los recursos de inversión se ha dado en todos los niveles de gobierno (desde el local hasta el nacional, pasando por el regional) debido en parte a los recursos generados por las industrias extractivas, expresados en el Impuesto a la Renta que tributan al Estado peruano, producto del alza del precio de exportación de los minerales.
Esta sola situación nos hace considerar que el Decreto de Urgencia N° 013-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado jueves 10 de mayo, mediante el cual se autoriza para el presente año fiscal la contratación de docentes en los gobiernos regionales con recursos provenientes del canon y sobrecanon, es un desacierto del Poder Ejecutivo.
Y lo es no porque nos opongamos a ampliar la cobertura del servicio educativo allí donde efectivamente se lo requiere habilitando plazas docentes atendiendo así el déficit del servicio, sino porque el Ejecutivo autoriza su contratación con recursos que corresponden a los gobiernos regionales para destinarlos a inversiones, como si en los departamentos no se requiriesen atender demandas estrictamente relacionadas con proyectos de inversión a cargo de los gobiernos subnacionales.
La bonanza fiscal se presenta en el gobierno central, tanto y más como en los gobiernos regionales y locales, por lo que el decreto de urgencia en cuestión pudo comprometer recursos a cargo de aquel.
De otro lado, “guardar pan para mayo” requiere que los gobiernos subnacionales, comprometidos con la ejecución de proyectos de inversión de impacto regional y local, según corresponda, no apuren la ejecución de los ingentes recursos con los que cuentan solamente para aparecer como “eficientes en el gasto” (sobre todo en los casos como Cajamarca, Ancash, Cusco, Moquegua, Tacna, por mencionar a los que consignan mayores montos de canon), pues muchas veces, esa eficiencia de la ejecución presupuestal no se ve reflejada en la calidad de la inversión.
Con una adecuada planificación concertada, los recursos económicos de los que disponen y dispondrán todos los niveles de gobierno, guardaremos reservas para cuando no tengamos épocas de bonanza como en esta coyuntura producto del boom minero. Por estas y otras consideraciones debemos ser responsables en la utilización de los recursos públicos.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Aportes para el Gobierno Regional de Arequipa
APORTES PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Este 02 de mayo, el Gobierno Regional de Arequipa inauguró el Presupuesto Participativo 2008 denominado “Descentralización y Desarrollo Equilibrado de Arequipa”, hubo palabras de bienvenida, la suscripción de un convenio con la Fundación Friedrich Ebert, disertaciones de algunos Gerentes Regionales y palabras de los agentes participantes que nos dimos cita.
Una apreciación general luego de iniciarse formalmente este proceso en el que la ciudadanía y sus autoridades definen anualmente y de manera concertada las prioridades de las acciones a implementar en el Gobierno Regional, nos lleva a sugerir algunas recomendaciones con el objeto que esta herramienta de gestión como es el Presupuesto Participativo, permita fortalecer la relación Estado – sociedad.
Hubiera sido conveniente que en esta primera reunión (en la que han participado más de 100 ciudadanos y ciudadanas representantes de diversas organizaciones públicas y privadas de Arequipa) se considere un espacio razonable para hacer un sucinto balance de las experiencias anteriores de Presupuesto Participativo conducidas por la anterior gestión regional. Aún sería posible que los agentes participantes (con sus experiencias desde el Consejo de Coordinación Regional, el Comité de Vigilancia, así como desde la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, de los participantes de actividades promovidas por el Grupo Propuesta Ciudadana, etc.) construyan elementos de juicio sobre los cuales corregir o fortalecer para que las autoridades y funcionarios de la nueva gestión los tengan en cuenta.
En esa misma dirección, el Gobierno Regional debe desplegar todos los esfuerzos posibles para que la información fluya oportunamente entre los agentes participantes de este proceso, facilitando los documentos pertinentes si no días previos a la realización de los talleres aprovechando los medios electrónicos, entonces haciéndolo el mismo día en que se realizan.
Nos parece que la página web del Gobierno Regional de Arequipa (www.regionarequipa.gob.pe) se torna más atractiva en términos de su contenido pudiendo mejorar en aspectos de forma, sin embargo se podría aprovechar mejor las Tecnologías de la Información y Comunicaciones a través del uso del correo electrónico estableciendo comunicación directa con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, encargada de la conducción del Presupuesto Participativo.
Si una crítica debemos hacer a los anteriores Presupuestos Participativos es que las inversiones de proyectos especiales como Majes Siguas en ningún caso debieron consignarse como “aprobadas participativamente”, como tampoco las transferencias del canon realizadas por el Gobierno Regional a la Universidad Nacional de San Agustín, ambos montos, por ser gasto fijo, dejan de considerarse en el Presupuesto Participativo.
Como final invocación (acaso obvia pero necesaria): es importante tener en cuenta el “Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2008” expedido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, los ciudadanos y ciudadanas estaremos atentos a su efectivo cumplimiento.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Este 02 de mayo, el Gobierno Regional de Arequipa inauguró el Presupuesto Participativo 2008 denominado “Descentralización y Desarrollo Equilibrado de Arequipa”, hubo palabras de bienvenida, la suscripción de un convenio con la Fundación Friedrich Ebert, disertaciones de algunos Gerentes Regionales y palabras de los agentes participantes que nos dimos cita.
Una apreciación general luego de iniciarse formalmente este proceso en el que la ciudadanía y sus autoridades definen anualmente y de manera concertada las prioridades de las acciones a implementar en el Gobierno Regional, nos lleva a sugerir algunas recomendaciones con el objeto que esta herramienta de gestión como es el Presupuesto Participativo, permita fortalecer la relación Estado – sociedad.
Hubiera sido conveniente que en esta primera reunión (en la que han participado más de 100 ciudadanos y ciudadanas representantes de diversas organizaciones públicas y privadas de Arequipa) se considere un espacio razonable para hacer un sucinto balance de las experiencias anteriores de Presupuesto Participativo conducidas por la anterior gestión regional. Aún sería posible que los agentes participantes (con sus experiencias desde el Consejo de Coordinación Regional, el Comité de Vigilancia, así como desde la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, de los participantes de actividades promovidas por el Grupo Propuesta Ciudadana, etc.) construyan elementos de juicio sobre los cuales corregir o fortalecer para que las autoridades y funcionarios de la nueva gestión los tengan en cuenta.
En esa misma dirección, el Gobierno Regional debe desplegar todos los esfuerzos posibles para que la información fluya oportunamente entre los agentes participantes de este proceso, facilitando los documentos pertinentes si no días previos a la realización de los talleres aprovechando los medios electrónicos, entonces haciéndolo el mismo día en que se realizan.
Nos parece que la página web del Gobierno Regional de Arequipa (www.regionarequipa.gob.pe) se torna más atractiva en términos de su contenido pudiendo mejorar en aspectos de forma, sin embargo se podría aprovechar mejor las Tecnologías de la Información y Comunicaciones a través del uso del correo electrónico estableciendo comunicación directa con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, encargada de la conducción del Presupuesto Participativo.
Si una crítica debemos hacer a los anteriores Presupuestos Participativos es que las inversiones de proyectos especiales como Majes Siguas en ningún caso debieron consignarse como “aprobadas participativamente”, como tampoco las transferencias del canon realizadas por el Gobierno Regional a la Universidad Nacional de San Agustín, ambos montos, por ser gasto fijo, dejan de considerarse en el Presupuesto Participativo.
Como final invocación (acaso obvia pero necesaria): es importante tener en cuenta el “Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2008” expedido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, los ciudadanos y ciudadanas estaremos atentos a su efectivo cumplimiento.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
"Voluntarios" aportes mineros
“VOLUNTARIOSOS” APORTES MINEROS
Por: JAIME PAREDES CALLA
Si el gobierno nacional hubiera planteado la implementación de un impuesto a las sobreganancias mineras como punto de partida para una negociación con las industrias extractivas, habría sentado su posición a favor de la obtención de mayores recursos para las localidades donde se explotan yacimientos mineros. Si ese planteamiento era rechazado por las empresas, se proseguía concertando, pero el gobierno ya sentaba precedente.
Sin embargo ha primado en el Poder Ejecutivo su firme convicción de “no meterse en una controversia de orden judicial” (expresiones del Premier Jorge del Castillo, por los contratos de estabilidad tributaria de las que muchas mineras gozan) sin siquiera ensayar un impuesto necesario dadas las significativas sobreganancias de las empresas.
La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ha dicho que como consecuencia del aporte voluntario pactado con el gobierno nacional (3.75% de sus utilidades) entregará al Gobierno Regional de Arequipa la suma de S/. 290 mil nuevos soles, sí, alrededor de US$ 93 mil dólares americanos. Teniendo en cuenta que el anunciado aporte voluntario de la empresa a la totalidad del departamento (entre gobierno regional y gobiernos locales) será de S/. 1 millón 780 mil nuevos soles, podríamos calcular con una simple operación matemática que sus utilidades ascendieron a S/. 47 millones de nuevos soles (casi $ 15 millones de dólares) en el año 2006.
El valor de producción aproximado (que se obtiene de la multiplicación del volumen de producción con el precio internacional del metal) de la Compañía de Minas Buenaventura calculado por el Sistema Vigila Perú que muy pronto presentará su 5to Reporte sobre “Vigilancia de las Industrias Extractivas”, asciende a la suma de U$S 169 millones de dólares. Sin embargo, como la utilidad tributaria es una información reservada, lamentablemente desconocemos la utilidad neta de la empresa minera (el cálculo exacto trasciende las sencillas multiplicaciones que estamos realizando, las cuales tan sólo son aproximaciones de su valor de producción, del que tendríamos que descontar su costo de ventas, gastos operativos, considerar ingresos o egresos excepcionales, impuestos tributados al Estado, etc., para recién acercarnos a sus utilidades netas).
Así las cosas, el aporte de la tercera empresa más importante del departamento (después de Cerro Verde y Ares) no sería muy voluntarioso ni bondadoso como parece, sus desconocidas pero presumibles utilidades netas en el caso de muchas industrias extractivas obedece al boom del precio de metales como el oro más que al incremento de su volumen de producción, razones de las que Buenaventura no es ajena.
Señor Presidente Constitucional de la República, Dr. Alan Damián García Pérez, nunca es tarde (ojalá no lo sea) para enmendar errores.
Por: JAIME PAREDES CALLA
Si el gobierno nacional hubiera planteado la implementación de un impuesto a las sobreganancias mineras como punto de partida para una negociación con las industrias extractivas, habría sentado su posición a favor de la obtención de mayores recursos para las localidades donde se explotan yacimientos mineros. Si ese planteamiento era rechazado por las empresas, se proseguía concertando, pero el gobierno ya sentaba precedente.
Sin embargo ha primado en el Poder Ejecutivo su firme convicción de “no meterse en una controversia de orden judicial” (expresiones del Premier Jorge del Castillo, por los contratos de estabilidad tributaria de las que muchas mineras gozan) sin siquiera ensayar un impuesto necesario dadas las significativas sobreganancias de las empresas.
La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ha dicho que como consecuencia del aporte voluntario pactado con el gobierno nacional (3.75% de sus utilidades) entregará al Gobierno Regional de Arequipa la suma de S/. 290 mil nuevos soles, sí, alrededor de US$ 93 mil dólares americanos. Teniendo en cuenta que el anunciado aporte voluntario de la empresa a la totalidad del departamento (entre gobierno regional y gobiernos locales) será de S/. 1 millón 780 mil nuevos soles, podríamos calcular con una simple operación matemática que sus utilidades ascendieron a S/. 47 millones de nuevos soles (casi $ 15 millones de dólares) en el año 2006.
El valor de producción aproximado (que se obtiene de la multiplicación del volumen de producción con el precio internacional del metal) de la Compañía de Minas Buenaventura calculado por el Sistema Vigila Perú que muy pronto presentará su 5to Reporte sobre “Vigilancia de las Industrias Extractivas”, asciende a la suma de U$S 169 millones de dólares. Sin embargo, como la utilidad tributaria es una información reservada, lamentablemente desconocemos la utilidad neta de la empresa minera (el cálculo exacto trasciende las sencillas multiplicaciones que estamos realizando, las cuales tan sólo son aproximaciones de su valor de producción, del que tendríamos que descontar su costo de ventas, gastos operativos, considerar ingresos o egresos excepcionales, impuestos tributados al Estado, etc., para recién acercarnos a sus utilidades netas).
Así las cosas, el aporte de la tercera empresa más importante del departamento (después de Cerro Verde y Ares) no sería muy voluntarioso ni bondadoso como parece, sus desconocidas pero presumibles utilidades netas en el caso de muchas industrias extractivas obedece al boom del precio de metales como el oro más que al incremento de su volumen de producción, razones de las que Buenaventura no es ajena.
Señor Presidente Constitucional de la República, Dr. Alan Damián García Pérez, nunca es tarde (ojalá no lo sea) para enmendar errores.
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Irresponsabilidades políticas
IRRESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Por: JAIME PAREDES CALLA
Digámoslo directo y claro: el compromiso que los alcaldes distritales de la provincia de Arequipa asumieron en agosto del año pasado en el denominado “Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa”, conjuntamente con la empresa minera Cerro Verde y la Presidencia del Consejo de Ministros, fue una irresponsabilidad.
Antonio Gamero (como Presidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de la Provincia de Arequipa), Simón Balbuena, Alfredo Zegarra, Luis Aguirre y Roberto Rosado (por mencionar solamente a los alcaldes reelectos), fueron los que hicieron primar el anuncio mediático ad portas de la coyuntura electoral: “Sociedad Minera Cerro Verde ejecutará la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla II” mientras que los “municipios financiarán Planta de Aguas Servidas Pampa La Estrella”, fueron los titulares que se daban a conocer en grandes portadas de periódicos arequipeños el 3 de agosto de 2006.
A más de 7 meses de suscritos estos acuerdos en Lima, a menos de 4 meses de haberse llevado a cabo el último proceso electoral regional y municipal, y a poco más de 2 meses de haber reasumido funciones ediles, sucede lo previsible: las municipalidades no tienen la capacidad de asumir el costo de la Planta de Aguas Servidas Pampa La Estrella al que se comprometieron, planteando incluso la posibilidad de acceder a “préstamos del Banco de la Nación y cargo de devolución de las transferencias mensuales del canon minero” (expresiones del Alcalde de Alto Selva Alegre en un medio escrito el pasado 4 de agosto).
Nadie (mucho menos nosotros) en su sano juicio se opone a la construcción de estas obras que sin duda son de suma importancia para Arequipa, lo deplorable es la manera irresponsable de hacer política. Los alcaldes distritales sabían perfectamente que las posibilidades económicas de sus municipalidades no les permitía asumir tamaño compromiso, sin embargo se comprometieron mientras ahora tocan la puerta del Gobierno Regional de Arequipa para concretar su responsabilidad.
Pensamos que es casi imposible que el Gobierno Central no apoye una iniciativa conjunta de las autoridades ediles de Arequipa, en buena hora que se concrete dicho apoyo, pero ojalá situaciones como éstas no se repitan, ojalá en futuras ocasiones no prime la demagogia ni el populismo, ojalá no se juegue con las expectativas de nuestra población que efectivamente no cuenta con los servicios básicos indispensables para vivir (aunque más pareciera que fuera para sobrevivir).
Hagamos política responsable desde diversos espacios: los alcaldes desde las municipalidades y la gestión pública que están desempeñando, las organizaciones políticas con propuestas coyunturales y de largo plazo en la escena política local, regional y nacional, la opinión pública (periodistas y medios de comunicación) y los ciudadanos desde la cotidianeidad de nuestras opiniones y acciones.
Por: JAIME PAREDES CALLA
Digámoslo directo y claro: el compromiso que los alcaldes distritales de la provincia de Arequipa asumieron en agosto del año pasado en el denominado “Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa”, conjuntamente con la empresa minera Cerro Verde y la Presidencia del Consejo de Ministros, fue una irresponsabilidad.
Antonio Gamero (como Presidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de la Provincia de Arequipa), Simón Balbuena, Alfredo Zegarra, Luis Aguirre y Roberto Rosado (por mencionar solamente a los alcaldes reelectos), fueron los que hicieron primar el anuncio mediático ad portas de la coyuntura electoral: “Sociedad Minera Cerro Verde ejecutará la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla II” mientras que los “municipios financiarán Planta de Aguas Servidas Pampa La Estrella”, fueron los titulares que se daban a conocer en grandes portadas de periódicos arequipeños el 3 de agosto de 2006.
A más de 7 meses de suscritos estos acuerdos en Lima, a menos de 4 meses de haberse llevado a cabo el último proceso electoral regional y municipal, y a poco más de 2 meses de haber reasumido funciones ediles, sucede lo previsible: las municipalidades no tienen la capacidad de asumir el costo de la Planta de Aguas Servidas Pampa La Estrella al que se comprometieron, planteando incluso la posibilidad de acceder a “préstamos del Banco de la Nación y cargo de devolución de las transferencias mensuales del canon minero” (expresiones del Alcalde de Alto Selva Alegre en un medio escrito el pasado 4 de agosto).
Nadie (mucho menos nosotros) en su sano juicio se opone a la construcción de estas obras que sin duda son de suma importancia para Arequipa, lo deplorable es la manera irresponsable de hacer política. Los alcaldes distritales sabían perfectamente que las posibilidades económicas de sus municipalidades no les permitía asumir tamaño compromiso, sin embargo se comprometieron mientras ahora tocan la puerta del Gobierno Regional de Arequipa para concretar su responsabilidad.
Pensamos que es casi imposible que el Gobierno Central no apoye una iniciativa conjunta de las autoridades ediles de Arequipa, en buena hora que se concrete dicho apoyo, pero ojalá situaciones como éstas no se repitan, ojalá en futuras ocasiones no prime la demagogia ni el populismo, ojalá no se juegue con las expectativas de nuestra población que efectivamente no cuenta con los servicios básicos indispensables para vivir (aunque más pareciera que fuera para sobrevivir).
Hagamos política responsable desde diversos espacios: los alcaldes desde las municipalidades y la gestión pública que están desempeñando, las organizaciones políticas con propuestas coyunturales y de largo plazo en la escena política local, regional y nacional, la opinión pública (periodistas y medios de comunicación) y los ciudadanos desde la cotidianeidad de nuestras opiniones y acciones.
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Malas señales y nuevas alertas
Diario El Pueblo 19/02/07
MALAS SEÑALES Y NUEVAS ALERTAS
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Una serie de medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo determinan a estas alturas (transcurridos 6 meses de gobierno) su evidente consigna: mientras menos se critique la gestión de fondo y forma, mejor para el gobierno; no cabe duda que Don Alan García está empeñado en que todos desfilemos al compás de “La vida es un carnaval” (canción que junto con el “reggaetón” fueron los principales ritmos que lo acompañaron en su campaña electoral).
El retiro de la relación de militantes apristas de su página web partidaria (la misma de la que se jactaban de ser la única organización política “transparente”), los informes del Consejo de la Prensa Peruana en torno a los retrocesos de no pocos ministerios en la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa legislativa promovida conjuntamente con la bancada fujimorista para controlar a las ONGs (facultando a la APCI a aprobar o descartar los proyectos presentados a la cooperación internacional decidiendo cuáles son más “convenientes” para el “interés público”), el fracasado deseo encubierto de retirarse del fuero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la demagógica propuesta de implementar la pena de muerte, y un largo etcétera, son elementos que pintan de cuerpo entero al Presidente de la República y su organización política.
Después que el gobierno incumple con una de las funciones del Estado como es la recaudación de impuestos, prefiriendo por el contrario encabezar el “sindicato de empresarios mineros” para que sus empresas no tributen un nuevo sol más por sus escalofriantes sobreganancias, y luego de aprobar la fusión por absorción del Consejo Nacional de Descentralización (CND) con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como entidad incorporante, lo peor debe estar por venir.
Las transferencias del canon minero se realizan a través de 12 cuotas iguales de junio (ejemplifiquemos que del año 2006) a mayo (del 2007), puesto que en el año anterior (2005) finaliza el año productivo, y entre enero y abril (del 2006) se cierra el año fiscal y la SUNAT recauda impuestos para que en mayo (del 2006) el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) construya los índices de distribución para los gobiernos subnacionales.
La novedad es que en la vigésima segunda disposición final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 (Ley 28927) se dispone que “la transferencia del canon minero (50% del Impuesto a la Renta) será efectuada por el MEF dentro de los 60 días calendario después de terminado el periodo de regularización del Impuesto a la Renta”, es decir las transferencias no se realizarán mediante 12 cuotas mensuales sino en un sólo acto (junio). Teniendo en cuenta que el gobierno central ha mencionado que sólo se ha gastado el 11% de recursos económicos aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en los últimos dos años, ¿será que el gobierno central busca un pretexto para -como las cuentas de los gobiernos subnacionales aparecerán abultadas en junio de este año por las transferencias del canon minero- despojarlos de un porcentaje de recursos y destinarlos ya sea al propio gobierno central o a otros departamentos que no son favorecidos por el canon minero por no contar con grandes proyectos mineros?.
Participamos de la opinión de Humberto Campodónico en el sentido que, estando advertidos, en los departamentos se deben promover debates para no ser sorprendidos con iniciativas de Palacio de Gobierno, y en el debate debemos tener en cuenta que somos un Estado Unitario, que hay departamentos que cuentan con ingentes recursos económicos para inversiones en tanto que hay otros que los tienen pero escasamente.
La Reforma del Estado comprende muchos aspectos, uno de ellos es la descentralización, y aunque se vislumbran algunos retrocesos, quienes apostamos por su efectiva implementación insistiremos para que se concrete plenamente en una política de Estado transcendiendo a una mera política de gobierno.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
MALAS SEÑALES Y NUEVAS ALERTAS
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Una serie de medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo determinan a estas alturas (transcurridos 6 meses de gobierno) su evidente consigna: mientras menos se critique la gestión de fondo y forma, mejor para el gobierno; no cabe duda que Don Alan García está empeñado en que todos desfilemos al compás de “La vida es un carnaval” (canción que junto con el “reggaetón” fueron los principales ritmos que lo acompañaron en su campaña electoral).
El retiro de la relación de militantes apristas de su página web partidaria (la misma de la que se jactaban de ser la única organización política “transparente”), los informes del Consejo de la Prensa Peruana en torno a los retrocesos de no pocos ministerios en la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa legislativa promovida conjuntamente con la bancada fujimorista para controlar a las ONGs (facultando a la APCI a aprobar o descartar los proyectos presentados a la cooperación internacional decidiendo cuáles son más “convenientes” para el “interés público”), el fracasado deseo encubierto de retirarse del fuero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la demagógica propuesta de implementar la pena de muerte, y un largo etcétera, son elementos que pintan de cuerpo entero al Presidente de la República y su organización política.
Después que el gobierno incumple con una de las funciones del Estado como es la recaudación de impuestos, prefiriendo por el contrario encabezar el “sindicato de empresarios mineros” para que sus empresas no tributen un nuevo sol más por sus escalofriantes sobreganancias, y luego de aprobar la fusión por absorción del Consejo Nacional de Descentralización (CND) con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como entidad incorporante, lo peor debe estar por venir.
Las transferencias del canon minero se realizan a través de 12 cuotas iguales de junio (ejemplifiquemos que del año 2006) a mayo (del 2007), puesto que en el año anterior (2005) finaliza el año productivo, y entre enero y abril (del 2006) se cierra el año fiscal y la SUNAT recauda impuestos para que en mayo (del 2006) el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) construya los índices de distribución para los gobiernos subnacionales.
La novedad es que en la vigésima segunda disposición final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 (Ley 28927) se dispone que “la transferencia del canon minero (50% del Impuesto a la Renta) será efectuada por el MEF dentro de los 60 días calendario después de terminado el periodo de regularización del Impuesto a la Renta”, es decir las transferencias no se realizarán mediante 12 cuotas mensuales sino en un sólo acto (junio). Teniendo en cuenta que el gobierno central ha mencionado que sólo se ha gastado el 11% de recursos económicos aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en los últimos dos años, ¿será que el gobierno central busca un pretexto para -como las cuentas de los gobiernos subnacionales aparecerán abultadas en junio de este año por las transferencias del canon minero- despojarlos de un porcentaje de recursos y destinarlos ya sea al propio gobierno central o a otros departamentos que no son favorecidos por el canon minero por no contar con grandes proyectos mineros?.
Participamos de la opinión de Humberto Campodónico en el sentido que, estando advertidos, en los departamentos se deben promover debates para no ser sorprendidos con iniciativas de Palacio de Gobierno, y en el debate debemos tener en cuenta que somos un Estado Unitario, que hay departamentos que cuentan con ingentes recursos económicos para inversiones en tanto que hay otros que los tienen pero escasamente.
La Reforma del Estado comprende muchos aspectos, uno de ellos es la descentralización, y aunque se vislumbran algunos retrocesos, quienes apostamos por su efectiva implementación insistiremos para que se concrete plenamente en una política de Estado transcendiendo a una mera política de gobierno.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Las cortinas de humo de Palacio
Diario El Pueblo 22/01/07
LAS CORTINAS DE HUMO DE PALACIO
Por: JAIME PAREDES CALLA
Primero las declaraciones del Procurador Anticorrupción Gino Ríos, quien mencionaba que el gobierno de Alejandro Toledo había sido más corrupto que el de Alberto Fujimori, posteriormente la “campaña” mediática en la que desde Palacio de Gobierno se mostraban facturas de gastos triviales efectuados por la pareja presidencial que antecede a los nuevos inquilinos García – Nores, y recientemente la interesada polémica sobre la pena de muerte.
No cabe duda que Alan García Pérez, astuto y trajinado político, ha desencadenado sus psicosociales por los que apuesta para que los temas centrales y lo que hay detrás de sus nada santos actos y propuestas pasen desapercibidos, se tratan de “cortinas de humo”. Nos concentraremos en la pena de muerte, la cual es permitida por la Constitución Política vigente de 1993 sólo para el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y los tratados de los que el Perú es parte obligada.
Decían (y lo volverán a hacer) los defensores de la ampliación de la pena de muerte que ésta puede ser disuasiva e intimidante, sin embargo, habría que tener en cuenta algunos hechos sobre los que da cuenta Elías Neuman (citado por el constitucionalista Raúl Ferrero Costa, en la revista Quehacer N° 162) cuando indica que “en Canadá, el índice de homicidios por cada 100 mil personas hasta un año antes que se aboliera la pena en 1975 era de 3,09. Con varios años de abolición, en 1983, disminuyó a 2,74 y en 1986 logró un nivel más bajo aún”.
Asimismo, en La Florida (Estados Unidos) “se restituyó la pena mortal en 1979, y en los años subsiguientes (1980 a 1982) el índice de homicidios ¡fue el más alto que se recuerda!”, casos que demostrarían que la pena capital no es disuasoria ni intimidante, y es que como Norberto Bobbio nos dice (citado por el constitucionalista peruano) no es necesario que las penas sean crueles para ser disuasivas, “es suficiente con que sean seguras”. La principal razón para no cometer el delito “no es tanto la severidad de la pena como la certeza de ser castigada de alguna manera”.
Antes que quitar la vida, que únicamente le pertenece a cada persona, nadie (ni siquiera el Estado) puede disponer de ella, la sociedad política y jurídicamente organizada debe mejorar indefectiblemente el sistema de justicia de manera integral (incluyendo el sistema penitenciario y la correcta administración de justicia).
En buena hora el Congreso de la República ha rechazado el proyecto del Ejecutivo, en adelante no debemos permitir que las cortinas de humo de Palacio de Gobierno distraigan a la opinión pública del objetivo medular que aquellas pretenden: en este caso concreto la denuncia de tratados internacionales de los que nuestro país es parte firmante (Convención Americana de Derechos Humanos) retirándose de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que el dictador Alberto Fujimori (que tiene cuentas pendientes con la justicia en materia de corrupción, violación de Derechos Humanos y otros cargos) sería el principal beneficiado. La alianza “aprofujimorista” es evidente en impunidad y corrupción, por higiene democrática los ciudadanos y ciudadanas debemos rechazarla.
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
Miembro de la Red Interquorum.
Nuevos compromisos con Arequipa
Diario El Pueblo 06/01/07
NUEVOS COMPROMISOS CON AREQUIPA
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Nuestras nuevas autoridades electas han juramentado en sus cargos regionales y municipales, sus discursos iniciales difícilmente pueden no concitar el respaldo mayoritario de la opinión pública y población en general, así suele suceder en todo comienzo.
Los flamantes Presidentes Regionales de Arequipa y Cusco, Juan Manuel Guillén y Hugo Gonzáles, respectivamente, han sido enfáticos en sentar su posición sobre la necesidad de implementar un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras (en reemplazo del denigrante aporte voluntario promovido por el Ejecutivo), la presión de un bloque de gobiernos regionales del sur del país para lograr que el gobierno de Alan García de marcha atrás sería una medida acertada, se siente venir.
Por su parte, el electo Alcalde de Arequipa, Simón Balbuena, ha reconocido actos de corrupción de la administración saliente, ha dicho que combatirá todo acto de inmoralidad, que revisará el Corredor Vitrina, el Plan PADECO y otros, aspecto que nos parece importante, siempre y cuando dicha revisión no se extienda mucho en el tiempo para recién a la mitad de su gestión (suele pasar) comprender la necesidad de contar con un transporte eficiente para el usuario, rentable para el operador y saludable para la ciudad, seguimos pensando que el proyecto del Sistema del Transporte Urbano Masivo Eficiente (TUME) es de mucha importancia para nuestra ciudad.
Si como dice el nuevo alcalde de las filas del Partido Nacionalista Peruano, que va a gobernar con una política de puertas abiertas a la participación ciudadana, implementando mesas de diálogo sobre diversas temáticas como la del medio ambiente, transporte público, mercados, etc., nos corresponde a los ciudadanos organizados o no participar y contribuir en su correcto funcionamiento.
Ojalá, Presidente Regional y Alcalde Provincial de Arequipa (además de los 7 alcaldes provinciales) logren articular esfuerzos, comprendiendo el ámbito de su accionar así como su impacto, y que el pésimo ejemplo de 2 autoridades salientes del mismo partido que antepusieron sus intereses personales no se vuelva a repetir. Arequipa, Tradición y Futuro y el Partido Nacionalista Peruano, como organizaciones políticas, tienen la oportunidad de demostrar que no se resumen en la figura de Juan Manuel Guillén ni en la de Simón Balbuena, respectivamente.
Por ahora nos basamos en los primeros anuncios formales, si la expresión “periodo de tregua” cabe, corresponde al igual que con el Ejecutivo, esperar prudentemente un periodo de tiempo para pronunciarnos sobre la gestión que nuestras nuevas autoridades empiezan a desarrollar; mientras tanto les deseamos éxitos.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
NUEVOS COMPROMISOS CON AREQUIPA
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Nuestras nuevas autoridades electas han juramentado en sus cargos regionales y municipales, sus discursos iniciales difícilmente pueden no concitar el respaldo mayoritario de la opinión pública y población en general, así suele suceder en todo comienzo.
Los flamantes Presidentes Regionales de Arequipa y Cusco, Juan Manuel Guillén y Hugo Gonzáles, respectivamente, han sido enfáticos en sentar su posición sobre la necesidad de implementar un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras (en reemplazo del denigrante aporte voluntario promovido por el Ejecutivo), la presión de un bloque de gobiernos regionales del sur del país para lograr que el gobierno de Alan García de marcha atrás sería una medida acertada, se siente venir.
Por su parte, el electo Alcalde de Arequipa, Simón Balbuena, ha reconocido actos de corrupción de la administración saliente, ha dicho que combatirá todo acto de inmoralidad, que revisará el Corredor Vitrina, el Plan PADECO y otros, aspecto que nos parece importante, siempre y cuando dicha revisión no se extienda mucho en el tiempo para recién a la mitad de su gestión (suele pasar) comprender la necesidad de contar con un transporte eficiente para el usuario, rentable para el operador y saludable para la ciudad, seguimos pensando que el proyecto del Sistema del Transporte Urbano Masivo Eficiente (TUME) es de mucha importancia para nuestra ciudad.
Si como dice el nuevo alcalde de las filas del Partido Nacionalista Peruano, que va a gobernar con una política de puertas abiertas a la participación ciudadana, implementando mesas de diálogo sobre diversas temáticas como la del medio ambiente, transporte público, mercados, etc., nos corresponde a los ciudadanos organizados o no participar y contribuir en su correcto funcionamiento.
Ojalá, Presidente Regional y Alcalde Provincial de Arequipa (además de los 7 alcaldes provinciales) logren articular esfuerzos, comprendiendo el ámbito de su accionar así como su impacto, y que el pésimo ejemplo de 2 autoridades salientes del mismo partido que antepusieron sus intereses personales no se vuelva a repetir. Arequipa, Tradición y Futuro y el Partido Nacionalista Peruano, como organizaciones políticas, tienen la oportunidad de demostrar que no se resumen en la figura de Juan Manuel Guillén ni en la de Simón Balbuena, respectivamente.
Por ahora nos basamos en los primeros anuncios formales, si la expresión “periodo de tregua” cabe, corresponde al igual que con el Ejecutivo, esperar prudentemente un periodo de tiempo para pronunciarnos sobre la gestión que nuestras nuevas autoridades empiezan a desarrollar; mientras tanto les deseamos éxitos.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
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Lo bueno lo malo y lo feo del 2006
Diario El Pueblo 01/01/07
LO BUENO LO MALO Y LO FEO DEL 2006
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Un año que se va, otro que se viene, con ellos nuevas proyecciones personales, colectivas, sociales, políticas, un país (nuestro Perú) del que podemos extraer lecciones, de las buenas y de las malas experiencias, simplemente lecciones a emular, perfeccionar o enmendar.
Independientemente de nuestras preferencias político partidarias, lo bueno del 2006 es que se llevaron a cabo democráticamente las elecciones generales en abril, y regionales y municipales en noviembre, corresponde al gobierno central (sobre el que estamos esperando el término del “periodo de tregua” de seis meses de iniciada su gestión para pronunciarnos más in extenso) y a las nuevas autoridades regionales y municipales asumir su responsabilidad política en la gestión pública que están desempeñando o van a desempeñar, ya no basta con realizar obras y proyectos de inversión, necesitamos construir confianza de nuestras autoridades con arraigo en la población.
Muchas situaciones y hechos podremos considerarlos como malos (la lista se alarga si discriminamos su alcance a nivel mundial, nacional o local), a nosotros nos parece que los psico sociales de Alan García, su capacidad de crear “cortinas de humo”, aprovechando que existe una opinión pública que hace eco de sus nada santas propuestas, es uno de los malos rasgos del año que se esfuma (léase propuesta del Ejecutivo para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de 6 años y recientemente a los terroristas, a propósito del horrendo y condenable atentado acontecido en Ayacucho).
Lo malo que también nos deja este 2006 es que no se ha concretado (tampoco se concretaría por carecer el Ejecutivo de voluntad política) el impuesto a las sobre ganancias mineras cuando existe un boom del precio internacional de los metales con récords históricos que tienden a incrementarse; el Partido Aprista Peruano ha preferido “pasar el sombrero” a lo que le ha llamado -risiblemente por su insignificancia- el “óbolo minero”, como si las empresas mineras nos hicieran un favor al explotar los recursos naturales de los que el Estado peruano es “soberano en su aprovechamiento” (artículo 66 de nuestra Constitución Política), contaminando nuestro entorno ambiental y generando innumerables conflictos sociales por el pésimo o nulo ejercicio de la responsabilidad social (salvo raras excepciones).
Lo feo del 2006, consideramos ha sido que el SUTEP haya mostrado reticencias al proceso de evaluación propuesto por el Ministerio de Educación al punto de postergarse hasta los primeros días de enero del nuevo año su concreción, pero (por nuestra óptica ciudadana) lo más lamentable es que no haya un proyecto político integrador para nuestro país, quizá esté construyéndose, lo cual a su vez supone consolidar indispensablemente nuestra apuesta para su consecución.
Procurémonos un próspero año 2007, no con suerte sino con muchas felicidades y éxitos.
E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
LO BUENO LO MALO Y LO FEO DEL 2006
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
Un año que se va, otro que se viene, con ellos nuevas proyecciones personales, colectivas, sociales, políticas, un país (nuestro Perú) del que podemos extraer lecciones, de las buenas y de las malas experiencias, simplemente lecciones a emular, perfeccionar o enmendar.
Independientemente de nuestras preferencias político partidarias, lo bueno del 2006 es que se llevaron a cabo democráticamente las elecciones generales en abril, y regionales y municipales en noviembre, corresponde al gobierno central (sobre el que estamos esperando el término del “periodo de tregua” de seis meses de iniciada su gestión para pronunciarnos más in extenso) y a las nuevas autoridades regionales y municipales asumir su responsabilidad política en la gestión pública que están desempeñando o van a desempeñar, ya no basta con realizar obras y proyectos de inversión, necesitamos construir confianza de nuestras autoridades con arraigo en la población.
Muchas situaciones y hechos podremos considerarlos como malos (la lista se alarga si discriminamos su alcance a nivel mundial, nacional o local), a nosotros nos parece que los psico sociales de Alan García, su capacidad de crear “cortinas de humo”, aprovechando que existe una opinión pública que hace eco de sus nada santas propuestas, es uno de los malos rasgos del año que se esfuma (léase propuesta del Ejecutivo para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de 6 años y recientemente a los terroristas, a propósito del horrendo y condenable atentado acontecido en Ayacucho).
Lo malo que también nos deja este 2006 es que no se ha concretado (tampoco se concretaría por carecer el Ejecutivo de voluntad política) el impuesto a las sobre ganancias mineras cuando existe un boom del precio internacional de los metales con récords históricos que tienden a incrementarse; el Partido Aprista Peruano ha preferido “pasar el sombrero” a lo que le ha llamado -risiblemente por su insignificancia- el “óbolo minero”, como si las empresas mineras nos hicieran un favor al explotar los recursos naturales de los que el Estado peruano es “soberano en su aprovechamiento” (artículo 66 de nuestra Constitución Política), contaminando nuestro entorno ambiental y generando innumerables conflictos sociales por el pésimo o nulo ejercicio de la responsabilidad social (salvo raras excepciones).
Lo feo del 2006, consideramos ha sido que el SUTEP haya mostrado reticencias al proceso de evaluación propuesto por el Ministerio de Educación al punto de postergarse hasta los primeros días de enero del nuevo año su concreción, pero (por nuestra óptica ciudadana) lo más lamentable es que no haya un proyecto político integrador para nuestro país, quizá esté construyéndose, lo cual a su vez supone consolidar indispensablemente nuestra apuesta para su consecución.
Procurémonos un próspero año 2007, no con suerte sino con muchas felicidades y éxitos.
E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede México), Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Me he desempeñado como: Director General de la Oficina General de Asesoría Legal del Instituto Metropolitano de Planificación – IMP; Asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros; Asesor del Viceministerio de Gestión Pedagógica; Asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario; Oficial de Políticas Públicas en el Proyecto Semilla: Cultivando Desarrollo Rural sin Trabajo Infantil Peligroso – World Learning; Asesor en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM; Evaluador en la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU; Responsable en Arequipa del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) en el Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas y Proyecto Vigila Perú (ejecutados por el Grupo Propuesta Ciudadana).
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