LA LUCHA POR LAS UTILIDADES DE CERRO VERDE
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
La intermediación del Premier Jorge del Castillo en la reunión sostenida en nuestra ciudad entre el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa (integrado por el Presidente Regional, alcaldes y organizaciones sociales) con la empresa minera Cerro Verde, ha logrado un acuerdo que comprende el financiamiento de dos proyectos de envergadura para nuestra ciudad: la construcción de la Planta de Agua Potable “La Tomilla II” (a cargo de Cerro Verde) y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas “Pampa La Estrella” (con recursos futuros del canon minero de los municipios, para cuyo efecto la empresa minera adelantará el pago del Impuesto a la Renta en base a cálculos efectuados con el Estado).
Lo preocupante es que los alcaldes han acordado comprometer recursos correspondientes a las transferencias que recibirían las municipalidades por concepto de canon minero, con cargo a dejar de percibir parte de estos recursos hasta por un lapso de dos décadas aproximadamente, ¿y cuál es la garantía a futuro para que las próximas autoridades ediles (en el 2011, 2015, etc.) mantengan el acuerdo suscrito el 16 de mayo del año 2007?. ¿Acaso no hubiera sido mejor para Arequipa que la empresa asuma también la construcción de “Pampa La Estrella” más aun cuando manifiestan no estar dispuestos a desprenderse de sus jugosas sobreganancias?.
Siendo legalmente los concejos municipales los órganos de gobierno normativo y fiscalizador, en tanto que las alcaldías los órganos de gobierno de ejecución, un acuerdo tan importante como el que se ha suscrito debe haber requerido la decisión de los concejos municipales en el caso de los municipios que lo han suscrito en la persona de sus alcaldes; no debemos olvidar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal “aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad”.
Los temas pendientes darán mucho que hablar y hacer en adelante, uno de ellos es el pedido que hace el Comité de Lucha para que la empresa minera Cerro Verde se desprenda del 10% de sus utilidades (en realidad sobreganancias) para destinarlos a proyectos de inversión en Arequipa. Que la concreción de este pedido no es posible por “inconstitucional” (según ha dicho el Premier Del Castillo) es una situación que se desprende de la configuración del sistema jurídico si adoptamos dicho porcentaje como impuesto mas no si lo tomamos como aporte; aún así, el Derecho nace de voluntades políticas, del Poder Constituyente, de legisladores, finalmente de nuestros actuales gobernantes caracterizados no precisamente por concretar en la práctica sus ofrecimientos electorales (léase renegociación de contratos de estabilidad jurídica en el Plan de Gobierno del Partido Aprista).
De otro lado, el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa es un espacio eminentemente político, en vano algunos sectores se rasgan las vestiduras tratando de “satanizarlo” y deslegitimarlo por ser “político”, lo es y en buena hora porque quienes lo conforman (por ejemplo autoridades regionales y locales) son políticos electos por voluntad popular en elecciones políticas.
Que el 10% de las utilidades de la empresa minera Cerro Verde sean destinados para la ejecución de proyectos a cargo del gobierno regional y gobiernos locales de Arequipa es un pedido que trasciende el calificativo de “inconstitucional”, es un asunto político, que requiere una respuesta también política de la empresa, no arribar a un acuerdo sobre este pedido, que consideramos insignificante si lo comparamos con las utilidades que percibe la minera, daría lugar a profundizar más el conflicto social existente.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
Por: JAIME PAREDES CALLA (*)
La intermediación del Premier Jorge del Castillo en la reunión sostenida en nuestra ciudad entre el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa (integrado por el Presidente Regional, alcaldes y organizaciones sociales) con la empresa minera Cerro Verde, ha logrado un acuerdo que comprende el financiamiento de dos proyectos de envergadura para nuestra ciudad: la construcción de la Planta de Agua Potable “La Tomilla II” (a cargo de Cerro Verde) y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas “Pampa La Estrella” (con recursos futuros del canon minero de los municipios, para cuyo efecto la empresa minera adelantará el pago del Impuesto a la Renta en base a cálculos efectuados con el Estado).
Lo preocupante es que los alcaldes han acordado comprometer recursos correspondientes a las transferencias que recibirían las municipalidades por concepto de canon minero, con cargo a dejar de percibir parte de estos recursos hasta por un lapso de dos décadas aproximadamente, ¿y cuál es la garantía a futuro para que las próximas autoridades ediles (en el 2011, 2015, etc.) mantengan el acuerdo suscrito el 16 de mayo del año 2007?. ¿Acaso no hubiera sido mejor para Arequipa que la empresa asuma también la construcción de “Pampa La Estrella” más aun cuando manifiestan no estar dispuestos a desprenderse de sus jugosas sobreganancias?.
Siendo legalmente los concejos municipales los órganos de gobierno normativo y fiscalizador, en tanto que las alcaldías los órganos de gobierno de ejecución, un acuerdo tan importante como el que se ha suscrito debe haber requerido la decisión de los concejos municipales en el caso de los municipios que lo han suscrito en la persona de sus alcaldes; no debemos olvidar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal “aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad”.
Los temas pendientes darán mucho que hablar y hacer en adelante, uno de ellos es el pedido que hace el Comité de Lucha para que la empresa minera Cerro Verde se desprenda del 10% de sus utilidades (en realidad sobreganancias) para destinarlos a proyectos de inversión en Arequipa. Que la concreción de este pedido no es posible por “inconstitucional” (según ha dicho el Premier Del Castillo) es una situación que se desprende de la configuración del sistema jurídico si adoptamos dicho porcentaje como impuesto mas no si lo tomamos como aporte; aún así, el Derecho nace de voluntades políticas, del Poder Constituyente, de legisladores, finalmente de nuestros actuales gobernantes caracterizados no precisamente por concretar en la práctica sus ofrecimientos electorales (léase renegociación de contratos de estabilidad jurídica en el Plan de Gobierno del Partido Aprista).
De otro lado, el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa es un espacio eminentemente político, en vano algunos sectores se rasgan las vestiduras tratando de “satanizarlo” y deslegitimarlo por ser “político”, lo es y en buena hora porque quienes lo conforman (por ejemplo autoridades regionales y locales) son políticos electos por voluntad popular en elecciones políticas.
Que el 10% de las utilidades de la empresa minera Cerro Verde sean destinados para la ejecución de proyectos a cargo del gobierno regional y gobiernos locales de Arequipa es un pedido que trasciende el calificativo de “inconstitucional”, es un asunto político, que requiere una respuesta también política de la empresa, no arribar a un acuerdo sobre este pedido, que consideramos insignificante si lo comparamos con las utilidades que percibe la minera, daría lugar a profundizar más el conflicto social existente.
(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com
