lunes, 17 de agosto de 2009

La modernización del transporte público en Arequipa

LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN AREQUIPA

Por: Jaime Paredes Calla

Un problema público afrontamos en la ciudad de Arequipa, se trata de uno de los tantos que venimos aquejando desde hace mucho tiempo atrás. Nadie duda que las unidades antiguas que prestan el servicio de transporte público urbano incrementan los niveles de contaminación ambiental en la ciudad. Sin embargo, los transportistas exigen la derogatoria de la Ordenanza de la Municipalidad Provincial de Arequipa que cancela y da de baja a las unidades que superen los 25 años de antigüedad en el sistema de transporte público urbano.

Como se aprecia en el Proyecto “Mejoramiento Integral y Sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa” que se encuentra disponible en la página web edil, del total de emisiones antropogénicas en la ciudad de Arequipa al año, aproximadamente 76% son generadas por emisiones vehiculares y 24% por emisiones de fuentes estacionarias (es decir, de las instalaciones no movibles, tales como plantas de energía y establecimientos industriales).

Los estudios refieren también que las empresas en el sector de transporte público (microbuses) tienen una estructura de pequeña propiedad que conlleva a un desaprovechamiento de economías de escala, reflejándose en altos costos administrativos y en la compra de repuestos. De este modo, el tener pocas unidades constituye una desventaja a la hora de recurrir a un financiamiento, pues es sabido que las instituciones financieras piden garantías mínimas para generar un préstamo.

Además de lo anterior, Arequipa Metropolitana cuenta con un parque automotriz de transporte público que supera los 3,988 vehículos autorizados, grave situación considerando que el 90% de las unidades de transporte público superan el nuevo límite legal de 15 años de antigüedad, establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Como quiera que muy pronto debe firmarse un convenio de cooperación financiera entre la Municipalidad con la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), esta alianza estratégica –con una duración de 3 años- permitirá renovar las unidades de transporte público, reestructurar y revalorizar las empresas y consorcios de transporte; asimismo, favorecerá la implementación de esquemas financieros promoviendo la renovación del parque vehicular de transporte público por vehículos con motor de gas natural vehicular o gas líquido de petróleo.

Debemos recordar que con el actual gobierno municipal –cuyo mandato concluye en 16 meses- son tres las gestiones ediles consecutivas comprometidas con el Proyecto, reduciendo el riesgo político de su ejecución y dado que se está cumpliendo con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es de esperar que los intereses en contra de la modernización de los servicios de transporte público sean minimizados con el concurso de los sectores políticos, la opinión pública así como los usuarios.

Ante esta situación, sugerimos a la Municipalidad Provincial de Arequipa concertar con los transportistas apelando a su capacidad de persuasión en torno a los beneficios que ofrece el Proyecto, así como difundir ampliamente la información disponible en el Proyecto en cuanto a sus alcances y contenidos. Con esto es muy probable que como resultado se obtenga la aceptación y modernización del sistema de transporte público masivo, permitiendo que los usuarios ya no sigan sufriendo el maltrato de los actuales operadores, la pérdida de su tiempo y el deterioro de su salud, lo cual creemos será el mejor de los resultados posibles que conferiría una mayor aceptabilidad política hacia la gestión edil, beneficiándose toda la comunidad arequipeña.

martes, 1 de enero de 2008

Lo bueno, lo malo y lo feo del 2007

LO BUENO LO MALO Y LO FEO DEL 2007

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

Expresiones como “caminante, no hay camino, se hace camino al andar” o “poco a poco se va lejos”, pueden perfectamente transmitir la secuela de hechos y situaciones del año viejo (junto a lecciones aprendidas, de las buenas y malas experiencias, que haríamos bien en emular, perfeccionar o simplemente enmendar), pero tales expresiones también nos permiten proyectar las situaciones que se nos vienen en el nuevo año (proyecciones personales, colectivas, sociales, políticas, etc.).

Para nuestro país, la nominación de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo debe constituir el acontecimiento más importante del año 2007, huelgan mayores comentarios puesto que son muchos los beneficios que lograremos muy pronto.

Otro acontecimiento importante del año 2007 es la extradición del ex Presidente de la República, Alberto Fujimori, quien está respondiendo ante la justicia peruana por una serie de delitos, que deben conducirlo a prisión tras ser condenado con todo el rigor de las normas legales. Los incrédulos que no se imaginaban a Fujimori sentado en el banquillo de los acusados ya deben estar convencidos que la globalización de la justicia avanza cada vez más.

En nuestra “Blanca Ciudad” podemos destacar el esfuerzo de algunas autoridades para concertar con organizaciones sociales ante situaciones de coyuntura generadas fundamentalmente desde el gobierno central, sin embargo llamamos la atención para que el diálogo y suma de esfuerzos no sea meramente reactiva ni en situaciones de crisis, es fundamental asumirlo como una política permanente en las respectivas gestiones.

De otro lado, lo peor que nos pudo pasar fue el terremoto del 15 de agosto que afectó principalmente a nuestros conciudadanos de los departamentos de Ica, Huancavelica y Lima, así como la corrupción de malos elementos (algunos funcionarios públicos) que se generó en plena desgracia. Relacionado con la corrupción, no podemos dejar de mencionar la doblemente escandalosa licitación de patrulleros, primero en el periodo de Pilar Mazzetti y después en el periodo de su sucesor, Luis Alva Castro, entornillado en el poder cual Manuel Burga en la Federación Peruana de Fútbol.

En términos de avance institucional de la descentralización, el reemplazo del Consejo Nacional de Descentralización (CND) por la Secretaría Técnica de Descentralización (a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros) parece convalidar la popular expresión de “el remedio resultó peor que la enfermedad“, sin duda los pomposos anuncios “descentralizadores” del primer mandatario de la República han quedado en eso, anuncios estériles de aplicación que a su vez se reflejan en la falta de voluntad política para implementar el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) que ya fue aprobado por el Congreso de la República.

Del calentamiento global ni hablar, si nosotros mismos no hacemos nada para detenerlo estamos acelerando nuestra autodestrucción (calificado por muchos especialistas como un “proceso irreversible”).

Finalmente, el 2007 nos deja la certeza de tener un gobierno central que definitivamente no está del lado de las urgentes necesidades de las mayorías: las “services” nadan como pez en el agua, del impuesto a las sobreganancias mineras el partido de gobierno no quiere acordarse así como de muchos otros compromisos asumidos, entre los que se encuentra la homologación de sueldos de los docentes universitarios con el de los magistrados del Poder Judicial.

Mejor procurémonos un próspero año 2008, con muchas felicidades y éxitos, convencidos que este nuevo año será lo que querramos que sea si todos los ciudadanos y ciudadanas nos involucramos activamente en su construcción.

(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com

viernes, 21 de diciembre de 2007

La centralista opinión pública

LA CENTRALISTA OPINIÓN PÚBLICA

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

¿Por qué en ocasiones existen noticias y acontecimientos que logran repercutir en todo el Perú, mientras que otras no gozan de la misma cobertura?, porque hay medios de comunicación que hacen “eco” de dichas noticias y acontecimientos (sobre todo si se producen en Lima), y en la mayoría de los casos esos medios de comunicación tienen alcance nacional además de encontrarse ubicados en la Capital de la República, ¿verdad?.

Centrándonos en el lado negativo que genera la excesiva amplitud de algunos sucesos, podríamos inferir por ejemplo que, tratándose de aspectos mineros y ambientales, la “suerte” de Lima es que no cuenta con grandes inversiones mineras como en el caso de Tacna, Moquegua, Cajamarca, Ancash, Arequipa, etc., puesto que el problema de la contaminación ambiental por las consecuencias de esas operaciones extractivas, no es tan palpable como en el caso de los departamentos donde se ubican importantes unidades mineras siendo por lo tanto en donde se requiere mayor movilización de la opinión pública.

Lo cual equivale a decir también que la “desdicha” de los departamentos mineros es que no son la Capital de la República como para darles la debida importancia y lograr la atención de las máximas autoridades nacionales con el objeto que atiendan y resuelvan efectivamente los conflictos sociales suscitados por las operaciones mineras (más allá de las capacidades “bomberiles” del actual Presidente del Consejo de Ministros), sin que aquello signifique que no estemos considerando los ingentes recursos provenientes de las rentas del canon minero que beneficia a las localidades productoras en la misma medida que favorece al gobierno central (recordemos que el canon minero es la redistribución del impuesto a la renta que tributan las empresas mineras y que percibe el Estado peruano, el cual es destinado en proporciones iguales entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales).

En el subsistente centralismo se genera una influyente opinión pública, capaz de colocar la agenda pública a nivel nacional, para muestras, algunos botones: el atentado terrorista en la calle Tarata de Miraflores perpetrado por Sendero Luminoso en julio de 1992, determinó la mayor preocupación –digamos generalizada– de ciudadanos y ciudadanas que habitaban en Lima, cuando en el interior de nuestro país la sangre había llegado al río ya en la década del 80, incluso desde mucho antes, allí los medios de comunicación pudieron posicionar el tema de la violencia política interna de manera más efectiva desde antes del lamentable atentado en dicho distrito limeño.

Y el más reciente acontecimiento que generó una gran movilización –importante por cierto– fue el del terremoto de agosto último que se sintió de manera considerable en nuestra Capital de la República, lo cual determinó una gran cobertura y cadena de solidaridad a nivel nacional hacia nuestros conciudadanos que fueron azotados por este embate de la naturaleza. Sin embargo 6 años antes (en junio del 2001), la tierra en el sur de nuestro país también fue remecida, dejando también como saldo la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales, la información mediática en esa ocasión en nuestro entender fue bastante limitada: la furia de la naturaleza no se había sentido en toda su magnitud en la ciudad de Lima.

No estamos criticando la importancia de generar efectivos medios de opinión pública que movilicen a nuestras autoridades y otros actores en la solución de una determinada problemática, sino más bien estamos haciendo una observación a la disparidad con que se suelen cubrir algunos acontecimientos por el simple hecho de generarse en el interior del país y no hacer sentir su impacto en la misma ciudad capital.

Acaso sea necesario insistir en la necesidad de contar con una televisión peruana (en realidad todo el conjunto de medios de comunicación) verdaderamente educativa y formadora de ciudadanos, que más allá del rating pondere adecuadamente la labor social que deben cumplir las empresas periodísticas.

(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com

martes, 9 de octubre de 2007

Vigilancia ciudadana en curso

VIGILANCIA CIUDADANA EN CURSO

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

La presentación del Reporte Regional 6 del Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas en Arequipa (Vigila Perú) ha generado algunas reacciones en la opinión pública que bien valen la pena esclarecer.

Vigila Perú sostiene que el Gobierno Regional de Arequipa en Inversiones y con recursos del canon, sobrecanon y regalías, en la fase de ejecución “comprometido” (fase del ciclo del gasto donde se afecta total o parcialmente el techo presupuestal autorizado por el “Calendario de Compromisos” del mes) tiene un avance que llega al 8% de sus recursos en el primer semestre del año 2007 (con información del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio portal electrónico del Gobierno Regional). De otro lado, funcionarios del Gobierno Regional han manifestado en medios de comunicación que con la misma fuente de financiamiento (canon, sobrecanon y regalías) para Inversiones han ejecutado el 47% hacia la primera quincena de septiembre. Es decir, el Gobierno Regional no se ha pronunciado por el gasto de enero a junio que Vigila Perú ha dado a conocer, de ahí las lamentables confusiones generadas.

Lo que es más, hacia el 30 de septiembre del año en curso (véase http://ofi.mef.gob.pe/gcentral/), el principal rubro de gasto que ha ejecutado el Gobierno Regional de Arequipa con recursos del canon, sobrecanon y regalías es “Otros gastos de capital” que se destina íntegramente como transferencia a la Universidad Nacional de San Agustín (S/. 8.8 millones de nuevos soles), en tanto que las inversiones propiamente han logrado una ejecución de S/. 4 millones de nuevos soles.

De otro lado, es preciso indicar que, aunque Sociedad Minera Cerro Verde es la principal empresa minera de Arequipa (por el volumen de extracción de cobre y por ubicar a nuestro departamento en el segundo productor de este metal a nivel nacional y a nuestro país en el tercero a nivel mundial), sin embargo, de acuerdo a la información disponible en la página web de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), si comparamos la utilidad de la empresa y el pago de impuestos encontramos que, mientras la empresa minera continua obteniendo ganancias (la utilidad es creciente) el Impuesto a la Renta en los dos últimos años (2005 y 2006) es positivo, es decir, tiene saldo a su favor, con lo cual podemos afirmar que no paga Impuesto a la Renta , por lo tanto, tampoco retornan recursos a los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del departamento de Arequipa por concepto de canon minero (50% del Impuesto a la Renta).

El pago de dicho impuesto no se ha hecho efectivo el año 2005 y 2006 debido entre otros aspectos al “beneficio de reinversión de utilidades” que le concedió el Estado peruano y que originó la protesta de algunas autoridades y organizaciones sociales durante el año 2006, y que hasta la fecha es un tema latente.

Entre tanto, consideramos oportuno indicar que el sentido de la vigilancia ciudadana es llamar la atención sobre aquellos aspectos que debieran mejorarse (por ejemplo la capacidad de gasto de los gobiernos regionales y locales), pero también hacer eco de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en entidades públicas (ojalá sostenidamente) como el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que por vía electrónica y en los plazos que estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha remitido la información completa que Vigila Perú solicitó en su debida oportunidad.

(*) Coordinador en Arequipa del Proyecto Vigilancia de las Industrias Extractivas, ejecutado por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) y el Grupo Propuesta Ciudadana.

domingo, 9 de setiembre de 2007

Transparencia minera

TRANSPARENCIA MINERA

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una iniciativa apoyada por una coalición de gobiernos, organismos internacionales, compañías, organizaciones de la sociedad civil, inversionistas y asociaciones de industriales. Según Eleodoro Mayorga, economista del Banco Mundial, aquella busca “asegurar que los ingresos de las industrias extractivas sean contabilizados adecuadamente y contribuyan al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.

Esta iniciativa, tiene criterios tales como la publicación periódica de los pagos hechos por las empresas y de los ingresos recibidos por los gobiernos, que los pagos e ingresos deben estar sujetos a una auditoría creíble e independiente, los pagos e ingresos deben ser cotejados por un administrador independiente y confiable, extender todos estos conceptos a todas las empresas (incluidas las estatales), comprometer activamente a las sociedad civil y finalmente, la existencia de un plan de trabajo público, financieramente sustentable.

Los orígenes de la EITI se remontan hacia el año 2002, fecha en la que el Primer Ministro Británico Tony Blair la propone en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible llevado a cabo en Johannesburgo, siendo la implementación de esta Iniciativa específica por país y por sector, es decir, cada país decide sobre las medidas legales e institucionales que considere más apropiadas para aplicar los criterios y principios de la EITI.

Formalmente la participación de nuestro país comenzó con la comunicación cursada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) al Banco Mundial en septiembre del 2004, solicitando la asistencia para iniciar el proceso de implementación de la EITI en el Perú. La delegación que visitó nuestro país, integrada por el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el Banco Mundial, hizo presentaciones a un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresas petroleras y mineras, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, se comprometió a implementar la EITI mediante un comunicado publicado en el diario El Comercio el 15 de mayo del 2005.

Aunque el 23 de marzo de 2007 en Lima, en el Ministerio de Energía y Minas, se realizó la Reunión Especial de la Comisión de Trabajo creada por Decreto Supremo N° 027-2006-EM, para recibir la visita del Dr. Peter Eigen, Presidente del Comité Directivo de la EITI, a dos años de haber decido los términos de la participación en la EITI en nuestro país, los resultados y avances concretos de esta iniciativa son desconocidos en la opinión pública, por ello es que con ocasión de la XXVIII Convención Minera, sería importante que los empresarios mineros reunidos en nuestra ciudad de Arequipa expresen la disposición individual de cada empresa minera en torno a la EITI y es que debemos tener en cuenta que la transparencia contribuye a prevenir la corrupción así como consolidar la democracia.

(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com

sábado, 14 de julio de 2007

Arrogancias y fantasmas del gobierno

ARROGANCIAS Y FANTASMAS DEL GOBIERNO

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

“No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere escuchar”, ésta es la expresión que dibuja de cuerpo entero a quien por descarte electoral está ocupando la primera magistratura del Perú.

La fijación anticomunista del Presidente Alan García es el pretexto para eludir la solución a los problemas que aquejan a nuestra patria, y es que a quienes -como en el caso de Palacio de Gobierno- no tienen más argumentos, solamente les queda apelar al “argumentum ad hominem”, falacia lógica que implica responder a una afirmación refiriéndose a la persona que lo formula, en lugar del argumento por sí mismo.

Que hay dirigentes sociales y políticos de marcada tendencia izquierdista que están participando en las últimas movilizaciones en rechazo a las acciones de gobierno central es cierto, pero manifestar que quienes cuestionamos la dirección económica del gobierno somos “comunistas o de alguna ideología sepultada por la historia” es francamente delirante y jalado de los cabellos.

Sorprende que el APRA con toda la trayectoria política que se precia tener y con un gobernante como Alan Damián García Pérez (quien según algunos sectores conservadores ha madurado en relación a la experiencia de su primer gobierno) esté cometiendo los mismos o peores errores.

La combinación de los “fantasmas” que ve el gobierno junto con la arrogancia del Presidente de la República son verdaderamente una fórmula perfecta que aviva las protestas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. En el caso particular de Arequipa debemos hacerle recordar al señor García Pérez que el denominado “arequipazo” no estalló únicamente porque la población se opusiese a la privatización de la empresa EGASA y EGESUR, sino porque hubo declaraciones infelices de algunos ministros y del propio Dr. Alejandro Toledo, mandatario en aquel entonces.

Las ofensivas y mordaces expresiones del Presidente Alan García son una de las principales causas del incremento de la violencia que se ha extendido durante las últimas semanas, basta escuchar en los medios de comunicación radial las reacciones de protesta de ciudadanas y ciudadanos para concluir que la violencia verbal presidencial caldea más los ánimos y no contribuye a generar el “clima de paz” reclamado por el propio gobierno central.

Alguien en el Partido Aprista Peruano, ¡alguien por favor!, hágale recordar al Presidente de la República que su llegada al gobierno no correspondió a una apuesta política de la mayoría de la población, sino que obedeció al pánico desatado por otro candidato presidencial y que la consigna de gran parte del electorado fue la votación por el mal menor; algún “compañero” también dígale también, que mientras no cumpla sus promesas electorales, las protestas ciudadanas no cesarán, ¿alguien en el APRA puede fungir de sincero consejero presidencial?.

(*) www.ciudadanojaimeparedes.blogspot.com

lunes, 9 de julio de 2007

La indolencia ante las demandas sociales

LA INDOLENCIA ANTE LAS DEMANDAS SOCIALES

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

¿Cuando y de qué manera desterraremos de nuestro país el ejercicio irresponsable de hacer política?, porque históricamente la regla para llegar al gobierno (sea nacional o local) ha sido la de prometer todo en campaña y cumplir poco de lo ofrecido una vez que se está en el poder formal.

El gobierno del Dr. Alan Damián García Pérez no es la excepción a dicha regla, por eso, una de las principales causas por las que brotan conflictos sociales en diversos lugares de nuestro territorio nacional es la demagogia convertida en práctica por parte del actual gobierno central (promesa de campaña electoral para establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, retorno a la Constitución de 1979, revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, etc.).

Cuando se agotan las vías del diálogo, cuando se acrecienta la impotencia de la mayoría de la población no sólo para ser escuchada por sus gobernantes sino para que se solucionen los problemas que aquejan al país, entonces llega el momento de establecer un “punto de quiebre” para que de una vez por todas quienes aspiran a gobernar sepan que no deben ofertar un vendaval de promesas electorales que “caen bien” en la población pero que no las llevarán a la práctica.

La protesta en las calles en varios lugares de nuestra patria es el escenario al que estamos llegando producto de la sordera del Poder Ejecutivo para atender las demandas ciudadanas. Mientas tanto la máxima autoridad regional de Arequipa hace todos los esfuerzos de acrobacia posibles, para mantener un equilibrio entre el gobierno central y la población arequipeña que no está conforme con su débil postura frente a la actual situación social.

El papel de mediador que ha ofrecido el Gobierno Regional de Arequipa a través de su Presidente, no es estratégico políticamente, y es que se requieren definiciones para afrontar las tensiones que vienen embalsándose, el Dr. Guillén Benavides debería acordarse del rol que desempeñó en junio del 2002.

Si el Ejecutivo quiere evitar lamentos posteriores (recordando que el denominado “arequipazo” de hace 5 años nos ha dejado algunas lecciones) entonces debe atender las demandas sociales, está bien sostener buenas relaciones con el sector empresarial pero no en desmedro de la mayoría de la población peruana que es a quien nuestros gobernantes de turno se deben, por eso insistimos una vez más, aún no es tarde para que el Presidente de la República y el Partido Aprista Peruano (que ejercen la administración nacional) gobiernen para las mayorías y que por ejemplo establezcan para las empresas mineras un impuesto a las sobreganancias.

domingo, 3 de junio de 2007

La conjugación de un verbo

LA CONJUGACIÓN DE UN VERBO

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

Se trata de un verbo mentado en cuanta ocasión se tiene para desacreditar a algún dirigente u organización social, se lo escucha en las radios, en las llamadas telefónicas de los ciudadanos y ciudadanas, mientras que en la televisión es objeto de análisis al igual que en los periódicos. En las conversaciones cotidianas no está ausente como tampoco en estudios más académicos y otros políticos.

La particularidad de la conjugación del verbo al que nos referimos es que tiene uso tanto en sentido positivo pero mayormente en sentido negativo (como tratando de descalificar al que se atreve a adoptarlo): yo represento, tú no representas, nosotros representamos, ellos no representan, etc. (agréguese todas las formas posibles de conjugar el verbo “representar”).

De este modo se pone en tela de juicio la representación de actores sociales cuando por ejemplo en una asociación de urbanizaciones populares se observan enfrentamientos intestinos entre facciones que quieren asumir la dirigencia, o cuado por ejemplo cierta cámara de comercio e industria realiza un interesado cuestionamiento de algunas federaciones departamentales de trabajadores, desde luego que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

Pero también se discute la representación de actores políticos como cuando una organización política no logra obtener un porcentaje adecuado de votos en un determinado proceso electoral, o cuando cierto partido político dice representar a los “trabajadores manuales e intelectuales” y sin embargo sus actos de gobierno no se condicen con sus expresiones.

Es cierto que en nuestros países estamos padeciendo no sólo una crisis de representatividad, sino también del conjunto de nuestras democracias, de los liderazgos colectivos que no llegan a concretarse sino que se limitan a la figura de caudillos que poco o nada les interesa construir y/o consolidar verdaderas organizaciones que trasciendan en la historia, pero precisamente por ello es que los ciudadanos y ciudadanas debemos desplegar los mayores esfuerzos posibles para revertir esa situación.

Es imprescindible que desde los diversos espacios en los que nos desenvolvemos apostemos por dirigentes éticos, que respeten las diferencias que puedan existir, también es necesario que construyamos organizaciones políticas que no se limiten a participar electoralmente cada 4 o 5 años que se convocan a procesos electorales.

Todo esto nos conduce a la impostergable tarea de promover protagonismo de líderes, no “figuretismo” de caudillos, lo cual redundará en una conjugación del verbo representar en sentido positivo a manera de asumirnos constructores de un nuevo Perú.

(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com

viernes, 25 de mayo de 2007

La lucha por las utilidades de Cerro Verde

LA LUCHA POR LAS UTILIDADES DE CERRO VERDE

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

La intermediación del Premier Jorge del Castillo en la reunión sostenida en nuestra ciudad entre el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa (integrado por el Presidente Regional, alcaldes y organizaciones sociales) con la empresa minera Cerro Verde, ha logrado un acuerdo que comprende el financiamiento de dos proyectos de envergadura para nuestra ciudad: la construcción de la Planta de Agua Potable “La Tomilla II” (a cargo de Cerro Verde) y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas “Pampa La Estrella” (con recursos futuros del canon minero de los municipios, para cuyo efecto la empresa minera adelantará el pago del Impuesto a la Renta en base a cálculos efectuados con el Estado).

Lo preocupante es que los alcaldes han acordado comprometer recursos correspondientes a las transferencias que recibirían las municipalidades por concepto de canon minero, con cargo a dejar de percibir parte de estos recursos hasta por un lapso de dos décadas aproximadamente, ¿y cuál es la garantía a futuro para que las próximas autoridades ediles (en el 2011, 2015, etc.) mantengan el acuerdo suscrito el 16 de mayo del año 2007?. ¿Acaso no hubiera sido mejor para Arequipa que la empresa asuma también la construcción de “Pampa La Estrella” más aun cuando manifiestan no estar dispuestos a desprenderse de sus jugosas sobreganancias?.

Siendo legalmente los concejos municipales los órganos de gobierno normativo y fiscalizador, en tanto que las alcaldías los órganos de gobierno de ejecución, un acuerdo tan importante como el que se ha suscrito debe haber requerido la decisión de los concejos municipales en el caso de los municipios que lo han suscrito en la persona de sus alcaldes; no debemos olvidar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal “aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad”.

Los temas pendientes darán mucho que hablar y hacer en adelante, uno de ellos es el pedido que hace el Comité de Lucha para que la empresa minera Cerro Verde se desprenda del 10% de sus utilidades (en realidad sobreganancias) para destinarlos a proyectos de inversión en Arequipa. Que la concreción de este pedido no es posible por “inconstitucional” (según ha dicho el Premier Del Castillo) es una situación que se desprende de la configuración del sistema jurídico si adoptamos dicho porcentaje como impuesto mas no si lo tomamos como aporte; aún así, el Derecho nace de voluntades políticas, del Poder Constituyente, de legisladores, finalmente de nuestros actuales gobernantes caracterizados no precisamente por concretar en la práctica sus ofrecimientos electorales (léase renegociación de contratos de estabilidad jurídica en el Plan de Gobierno del Partido Aprista).

De otro lado, el Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa es un espacio eminentemente político, en vano algunos sectores se rasgan las vestiduras tratando de “satanizarlo” y deslegitimarlo por ser “político”, lo es y en buena hora porque quienes lo conforman (por ejemplo autoridades regionales y locales) son políticos electos por voluntad popular en elecciones políticas.

Que el 10% de las utilidades de la empresa minera Cerro Verde sean destinados para la ejecución de proyectos a cargo del gobierno regional y gobiernos locales de Arequipa es un pedido que trasciende el calificativo de “inconstitucional”, es un asunto político, que requiere una respuesta también política de la empresa, no arribar a un acuerdo sobre este pedido, que consideramos insignificante si lo comparamos con las utilidades que percibe la minera, daría lugar a profundizar más el conflicto social existente.

(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com

jueves, 17 de mayo de 2007

Guardando "pan para mayo"

GUARDANDO "PAN PARA MAYO"

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

Que los gobiernos regionales y locales tienen problemas para ejecutar sus presupuestos de inversiones, es un dato de la realidad, como lo es también que las instituciones del gobierno central han padecido dificultades similares para gastar sus recursos de inversión. Algunos sectores han pretendido sacar provecho de esta situación sentenciado que los gobiernos regionales “no tienen capacidad de gasto”.

El incremento de los recursos de inversión se ha dado en todos los niveles de gobierno (desde el local hasta el nacional, pasando por el regional) debido en parte a los recursos generados por las industrias extractivas, expresados en el Impuesto a la Renta que tributan al Estado peruano, producto del alza del precio de exportación de los minerales.

Esta sola situación nos hace considerar que el Decreto de Urgencia N° 013-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado jueves 10 de mayo, mediante el cual se autoriza para el presente año fiscal la contratación de docentes en los gobiernos regionales con recursos provenientes del canon y sobrecanon, es un desacierto del Poder Ejecutivo.

Y lo es no porque nos opongamos a ampliar la cobertura del servicio educativo allí donde efectivamente se lo requiere habilitando plazas docentes atendiendo así el déficit del servicio, sino porque el Ejecutivo autoriza su contratación con recursos que corresponden a los gobiernos regionales para destinarlos a inversiones, como si en los departamentos no se requiriesen atender demandas estrictamente relacionadas con proyectos de inversión a cargo de los gobiernos subnacionales.

La bonanza fiscal se presenta en el gobierno central, tanto y más como en los gobiernos regionales y locales, por lo que el decreto de urgencia en cuestión pudo comprometer recursos a cargo de aquel.

De otro lado, “guardar pan para mayo” requiere que los gobiernos subnacionales, comprometidos con la ejecución de proyectos de inversión de impacto regional y local, según corresponda, no apuren la ejecución de los ingentes recursos con los que cuentan solamente para aparecer como “eficientes en el gasto” (sobre todo en los casos como Cajamarca, Ancash, Cusco, Moquegua, Tacna, por mencionar a los que consignan mayores montos de canon), pues muchas veces, esa eficiencia de la ejecución presupuestal no se ve reflejada en la calidad de la inversión.

Con una adecuada planificación concertada, los recursos económicos de los que disponen y dispondrán todos los niveles de gobierno, guardaremos reservas para cuando no tengamos épocas de bonanza como en esta coyuntura producto del boom minero. Por estas y otras consideraciones debemos ser responsables en la utilización de los recursos públicos.

(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com